El anuncio de Judith Marín como futura ministra de la Mujer ha desatado un debate intenso y revelador. La crítica es doble. La primera, ha puesto el foco en su afiliación religiosa evangélica, como si esta constituyera en sí misma una amenaza para la acción pública. El temor de que sus convicciones influyan en su gestión omite un dato evidente: el Ministerio de la Mujer ha operado durante años bajo una visión progresista explícita, lejos de cualquier pretensión de neutralidad. El desafío para la nueva ministra, por tanto, no es su fe, sino si será capaz de ejercer el cargo en un Estado plural, sin convertir el ministerio en una plataforma de imposición ideológica —sea conservadora o progresista— zanjando debates de antemano, y de traducir convicciones en políticas eficaces frente a problemas concretos que hoy enfrentan las mujeres.

Por otro lado, se ha cuestionado su falta de experiencia, así como la (atendible) suspicacia generada por declaraciones pasadas en las que Marín ponía en duda la existencia del ministerio que debe encabezar. Para algunos, esas afirmaciones evidenciarían un desinterés frente a los problemas que afectan a las mujeres, o bien, la convicción de que ya no se justificaría una política de Estado específicamente orientada a ellas, como si esas dificultades estuvieran superadas (lo que por cierto supondría una lectura profundamente errada de la realidad social). Sin embargo, esas declaraciones también pueden leerse desde otra clave: no como una negación de dichos problemas, sino como una crítica a las evidentes dificultades que el ministerio ha tenido para abordarlos de manera efectiva. Si esta segunda interpretación es correcta, Marín enfrenta una oportunidad política clara: reorientar la cartera hacia las urgencias sociales concretas que viven hoy millones de mujeres, en coherencia con el énfasis que ha marcado el Presidente electo José Antonio Kast.

¿Cuáles son hoy esas urgencias sociales? Lejos de las disputas simbólicas, muchas mujeres enfrentan problemas inmediatos y acumulativos, que exigen respuestas públicas eficaces. La inseguridad en los barrios; la violencia doméstica; el abandono familiar masculino, que se traduce en un aumento sostenido de hogares monoparentales con jefatura femenina; la sobrecarga de cuidados y el escaso apoyo a la maternidad; junto con la precariedad laboral y la vulnerabilidad económica, configuran un escenario que no se resuelve con consignas, sino con políticas focalizadas. Si Marín opta por reorientar el Ministerio de la Mujer hacia estas urgencias, podrá devolverle sentido y legitimidad a una institución que muchos perciben como irrelevante; si no, su gestión quedará atrapada en una política de gestos y disputas identitarias que ha demostrado escasa capacidad para mejorar efectivamente la vida de las mujeres, confirmando así su prejuicio.