Nuestra lucha contra el crimen organizado no puede oscilar entre el pánico de “nos convertiremos en México” y la tentación de importar las mismas estrategias que allá han fracasado.

Nos estamos convirtiendo en México”, dicen algunos a propósito de la crisis de seguridad que ha vivido Chile en los últimos años. “Chile no se cae a pedazos”, señalan otros desde la vereda de enfrente. La realidad nacional requiere una aproximación que no se centre en ninguno de estos dos discursos: ambos resultan insuficientes para comprender cabalmente lo que ocurre en nuestro país.
Basta observar las consecuencias de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” —líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)— para notar cuán dislocada resulta la comparación entre Chile y México. Nuestra crisis es grave e inédita a nivel interno, pero muy distinta en magnitud de la mexicana.
Desde 2006 hasta la fecha, se estima que alrededor de 400.000 personas han muerto en México a causa de la violencia vinculada al narcotráfico y casi 100.000 permanecen desaparecidas. Las cifras, sin embargo, apenas insinúan la profundidad de la tragedia. Esta incluye rituales caníbales entre delincuentes, campos de exterminio y entrenamiento —algunos pertenecientes al mismo CJNG descabezado hace unos días—, pueblos completamente abandonados a la brutal ley del narco y cientos de grupos de madres que buscan a sus hijos. A ello se suman una narcocultura arraigada durante décadas, altas esferas del poder involucradas en los negocios ilícitos, corrupción extendida, un periodismo —sobre todo local— permanentemente amenazado y políticos asesinados, entre tantos otros fenómenos.
Esto demuestra que las diferencias entre Chile y México no son sólo de magnitud, sino también de fondo. La criminalidad mexicana es muy diferente de la que circula en Chile —más allá de que existan imitadores locales y una narcocultura que busca asemejarse— y opera en contextos políticos, sociales e históricos sumamente diversos. Suponer, sin más, que podemos llegar rápidamente a una situación como la de México —como si los ecosistemas criminales pudieran trasplantarse de un país a otro— puede conducir a diagnósticos errados de la realidad. Uno de ellos es el “narcocentrismo”, que reduce nuestra crisis de seguridad a un asunto de tráfico de drogas. Sin embargo, en Chile también circulan múltiples ilegalidades de las que tenemos que hacernos cargo: contrabando de miles de especies, apuestas ilegales, extorsiones, crédito ilegal, tomas de terrenos organizadas por bandas criminales y provisión de servicios —luz y agua, por ejemplo— por parte del crimen organizado.
El operativo contra el CJNG y su líder también sirve de advertencia. Aunque queda tiempo para observar las consecuencias a mediano y largo plazo en el ecosistema criminal mexicano y latinoamericano (el CJNG tiene negocios en decenas de países), la experiencia muestra que el descabezamiento de los carteles no siempre produce los efectos esperados por las autoridades. La llamada “guerra contra el narco”, iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón en 2006, trajo consigo violencia brutal, fragmentación de carteles y una dispersión que aumentó la fuerza criminal, dificultó su persecución y diseminó a las bandas por el territorio.
La dinámica es conocida: una vez que cae el líder, comienzan luchas incesantes por la sucesión —algo que puede ser particularmente violento en un cártel sin claras líneas de sucesión como el CJNG—, la organización puede fragmentarse en múltiples grupos que adquieren fuerza propia, mientras rivales disputan el territorio vacante. Un ejemplo reciente es la sangrienta guerra en Sinaloa entre los hijos del Chapo Guzmán y sus antiguos socios, tras la detención del viejo capo Ismael “Mayo” Zambada.
Nuestra lucha contra el crimen organizado no puede oscilar entre el pánico de “nos convertiremos en México” y la tentación de importar las mismas estrategias que allá han fracasado. Capturar a los cabecillas puede ser un paso necesario, pero resulta insuficiente si no se cortan los flujos de dinero que permiten a las bandas seguir operando. El patrón de resiliencia organizacional ya se observa en Chile: algunas células del Tren de Aragua, por ejemplo, han logrado reemplazar a sus integrantes con rapidez una vez que estos son apresados, lo que confirma que el descabezamiento por sí solo no siempre basta.
Chile tiene una criminalidad propia, con sus lógicas, sus actores y sus vulnerabilidades. Antes de buscar respuestas en el espejo mexicano, conviene entender bien qué es lo que vemos en el nuestro.




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