Las semanas pasadas han sido ambiguas para el gobierno. Más allá del avance del proyecto de reconstrucción en la Cámara, hay problemas notorios desde el Ministerio de Ciencia hasta el de Seguridad. Es bien revelador de nuestro momento que, sin embargo, cuente aún con un apoyo general bien significativo, y que precisamente algunas de sus propuestas más criticadas por las élites políticas y culturales gocen de apoyo masivo. Un estudio de Datavoz, por ejemplo, muestra que un 83,5% de la población aprueba mayores medidas de seguridad en educación, aunque implique restricción de libertades (la cifra incluso es levemente superior cuando los encuestados tienen hijos en edad escolar y el asunto los toca personalmente).

Aunque decirlo raye en lo obvio, cifras como esta no zanjan la cuestión. No zanjan ni el fondo de cada debate, ni lo duradero del apoyo que aún existe. Los mismos estudios de opinión dejan claro la ciudadanía pone límites en lo que le tolera al gobierno. Nada de metáforas. Según Criteria, un 76% afirma que las promesas de campaña sobre expulsión de inmigrantes deben “entenderse de manera concreta”. Comoquiera que se piense sobre la política migratoria, tal vez se encuentre en esas palabras una pista de lo que el gobierno necesita hoy: necesita concreción. Pero no en el sentido de acción concreta en vez de discurso (como el lado antiintelectual de la derecha querría imaginarlo); lo que necesita es discurso concreto. Necesita hablar de una manera que permita discusión de las cosas mismas, en lugar de siempre tener que ofrecer tardías aclaraciones que recién entonces nos lleven a lo que realmente se pretende.

¿Qué es lo que se tiene en mente respecto de Junaeb? ¿Qué se piensa sobre el futuro de la investigación y su financiamiento? ¿Qué se espera de los centros de salud en relación con inmigrantes con procesos de expulsión abiertos? En estos y otros campos, no sobra recordarlo, el gobierno es libre de promover políticas muy distintas de las que hemos tenido. Pero cada una de esas discusiones se ha planteado de una manera que la vuelve infértil. ¿Se puede imputar a la mala fe de la oposición? Ciertamente. No hay nadie que honestamente crea que el gobierno pretende dejar sin alimento a los estudiantes, pero sí hay muchos que creen útil mantener la discusión en ese plano. También para ellos, por cierto, los estudios de opinión tienen noticias: un 61% reprueba hoy el actuar de la oposición. Pero el responsable de que la discusión pública pueda versar sobre la realidad misma y no sobre su propia maldad imaginaria es ante todo el gobierno. Esa concreción, además, ayudaría tal vez a que se recupere la capacidad de hablar a la ciudadanía y las élites simultáneamente, un desafío cuya importancia es indispensable calibrar.