Señor director:

En su columna de ayer -y con motivo de un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contrario al Presidente Trump-, Carlos Peña acierta al destacar la separación de poderes y los contrapesos propios de una república democrática. No se entiende, en cambio, su insistencia en atribuir al Presidente electo, José Antonio Kast, la intención de desconocer o vulnerar esos principios e instituciones fundamentales.

Por un lado, Kast ha reiterado de modo persistente su propósito de hacer cumplir la ley y el Estado de derecho (de lo cual da cuenta, además, su trayectoria como diputado en varios períodos). La reivindicación de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, a la que alude Peña, es consistente con lo anterior si se respetan las facultades del Congreso Nacional; y Kast, al menos hasta ahora, así lo ha hecho. Luego, nada puede reprochársele en este plano.

Por otro lado, no han sido Kast ni los partidos que lo apoyan, sino el progresismo y las izquierdas, quienes han puesto en riesgo dichos principios e instituciones elementales en el Chile contemporáneo. Al respecto, baste recordar la s inéditas polémicas, conflictos y errores del Presidente Boric en relación con la legalidad vigente y otros poderes (indultos, frustrada compra de la casa de Allende); y también el modo en que la fallida Convención atentaba con un sano equilibrio de poderes (su proyecto rechazado eliminaba el Senado, subordinada los tribunales ordinarios y la justicia electoral a un Consejo Asesor de claro sesgo político y un largo etcétera).

El último dato no es trivial. A esa agenda auténticamente iliberal se opusieron las derechas y el centro -las fuerzas del Rechazo-, en defensa de nuestra república democrática. En el Chile actual, es el oficialismo saliente, y no el futuro de Kast, el que tiene tejado de vidrio en este ámbito.