Sr. Director:

El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, ha subrayado cuán perjudicial, infundado e inédito sería que parlamentarios oficialistas apoyaran la acusación constitucional contra el ministro Rabat. Es claro que Arenas cuenta con sólidos argumentos a su favor, tanto jurídicos como políticos. Nada indica que el ministro Rabat haya vulnerado la Constitución o las leyes; y en caso de producirse ese escenario, se generaría un quiebre dentro de las derechas (y, por lo mismo, no deja de sorprender la facciosa aproximación de Evelyn Matthei al respecto).

Menos claro, sin embargo, es qué ha hecho el gobierno para evitar este desolador panorama. ¿Por qué escalar la crisis desde un ministerio sectorial hasta el corazón mismo de La Moneda? ¿No era más responsable y consistente con nuestro régimen presidencial intentar acotar y encapsular el problema? ¿Y por qué diversos partidos y dirigentes de derecha no logran conocer ni entender los fundamentos de la estrategia adoptada? ¿O acaso no hay estrategia? 

Se trata de preguntas tan incómodas como ineludibles. En los hombros del oficialismo recae una responsabilidad histórica —la demagogia está al acecho—, y esta crisis día a día erosiona la credibilidad de un gobierno que prometió proteger la seguridad y la infancia. Si no se comprende la gravedad de la situación, las derechas seguirán —una vez más— fagocitándose a sí mismas, para perplejidad de su electorado y enorme daño para el país.