Casi veinte días lleva la polémica del gobierno en torno al denominado caso Rabat. La duración prueba que no era algo pasajero: la polémica ha derivado derechamente en una crisis, quizás la más profunda desde que el Presidente Kast llegó a La Moneda. Esto se constata al advertir la cantidad de frentes que se le abrieron al Ejecutivo: la pregunta por la justificación y criterios seguidos por el ministro Rabat en las 56 rebajas de condena; el emplazamiento de la oposición y la amenaza de una acusación constitucional; las tensiones al interior del oficialismo y, finalmente, la reacción de la ciudadanía. Por lo visto, la gente común capta bien lo que pasa: no es sólo que el cambio de criterio del Ministerio de Justicia respecto de administraciones previas haya permitido la salida anticipada de personas que cometieron delitos tan brutales, sino que el gobierno no ha logrado mostrar consistencia una vez que se conocieron los hechos. ¿Fue correcto lo que hizo el ministro? ¿Siguió la ley en el modo que ella obliga o cometió un error? ¿Si lo cometió, como el propio presidente reconoció, por qué sigue en su lugar? ¿Quién asume las responsabilidades? ¿Cómo dialoga todo esto con la promesa de mano dura? Ninguna respuesta ni acción intentada hasta ahora ha estado a la altura de estos cuestionamientos. Y por eso la sensación de caos, la dificultad para retomar el control de la agenda y el foco extenuante en un mismo tema que tiene al gobierno deshaciéndose en explicaciones sin eficacia alguna.

No es claro por ahora qué criterio prima en el actuar del gobierno ni en las decisiones que está tomando el Presidente. Pero a ojos de la ciudadanía arriesgan a que se entienda simplemente como la ya conocida y tentadora doctrina de apretar los dientes; de apostar por que la indignación en estos tiempos es tan rápida como circunstancial, y así como sube de pronto, con los días tendrá que volver la calma. Pero tal hipótesis implica asumir que no hay nada malo desde su propia vereda; que la crisis se circunscribe a algo puntual, y no a un patrón que se repite, a un déficit estructural que invade al gobierno. Es esa la pregunta más difícil, y la que debe enfrentar el mandatario. Y demorarse en comprenderlo puede llevar al Ejecutivo por un derrotero cada vez más complicado.

En ese sentido, tal vez le convenga al gobierno mirar, en medio de toda esta crisis, lo que pasó recién en Estados Unidos. La impresionante derrota de Donald Trump en las elecciones de medio tiempo pueden ser una buena noticia para Chile y la región –quizás para el mundo–, pero son también una señal de alerta para La Moneda. No porque Kast y Trump encarnen un mismo tipo de liderazgo, por más que cierta izquierda insista en esa hipótesis, sino porque el vuelco electoral en tan poco tiempo prueba que la ciudadanía no entrega a ciegas su apoyo. A muchos analistas esto se les escapa: es más fácil pensar que el voto trumpista era el de unos seducidos por la radicalidad de esa figura, y no la elección de quien prometía resolver problemas efectivos, descuidados por las administraciones anteriores. Decir algo así implicaría conceder algo a un “loco”. Pero es evidente que no son solo los excesos de Trump los que explican su derrota, sino también la traición de sus promesas (y la pérdida del voto latino es la mejor prueba de ello). Es en ese plano que lo ocurrido en Estados Unidos podría ser un insumo para el Presidente Kast, en medio de tanta desorientación: la ciudadanía no tiene margen de espera. No porque su ánimo sea inmanejable, sino porque la política le prueba una y otra vez que no es creíble. El caso Rabat podría terminar siendo evidencia de eso: por la gravedad del hecho, por la inconsistencia al explicar las decisiones, y porque echa por tierra las propias promesas del gobierno. Fue la conexión con la ciudadanía la que permitió el triunfo de José Antonio Kast hace menos de un año; es una triste paradoja que sea justamente ese vínculo el que se ha puesto en riesgo con esta crisis.