La semana pasada, en la comisión de Economía del Senado, el Ejecutivo expuso sus indicaciones al proyecto de ley que regula las apuestas en línea. La propuesta —que aún no ha sido votada— incluye la prohibición de publicidad y de “bonos de entrada” para captar jugadores, límites al tiempo de conexión de los usuarios y otras medidas que harían más restrictiva la norma.

Carlos Baeza, representante de la Asociación de Plataformas en Línea, criticó la iniciativa del Gobierno argumentando que es esencial que el proyecto asegure que “los usuarios elijan plataformas reguladas” y que las casas de apuesta autorizadas puedan ofrecer “condiciones competitivas frente a la oferta ilegal”. Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable, sostuvo que prohibir la publicidad “puede incluso dificultar que los usuarios encuentren alternativas reguladas y fiscalizadas por el Estado”.

La jugada de la industria es evidente: piden regular (para poder operar sin que bloqueen sus sitios), pero con condiciones similares a las de la industria ilegal (o sea, sin restricciones que estorben). El razonamiento parece ser el siguiente: “tenemos que ofrecerle al público un producto tan atractivo como el que ofrecen las plataformas ilegales, para que nos elijan a nosotros”. El modo de defender la tesis es afirmar que aquello disminuiría la actividad ilegal. El argumento es absurdo, porque si buscamos disminuir dicha actividad ilegal (por los efectos dañinos que trae consigo), no tiene sentido diseñar una regulación en que la apuesta legal se asemeje justamente a aquello que queríamos evitar al regular. 

Imaginemos que un nuevo tipo de drogas está causando serios problemas de adicción en los jóvenes y sus familias. Considerando que se trata de un fenómeno extendido, alguien propone que lo realista sería regular el modo en que esta droga pueda fabricarse y venderse. Los productores celebran la idea, pero recuerdan que, si les exigen muchas reglas, el público preferirá seguir comprando en el mercado negro. La noble industria, por supuesto, quiere que la venta clandestina desaparezca, por lo que sugiere que la ley debería ofrecerles unas condiciones tan laxas que les permita competir con la venta ilegal y así, finalmente, eliminarla. El resultado es exitoso: el mercado negro desaparece, y ahora todos compran la droga dentro del marco de la ley. Es más, las condiciones fueron tan “competitivas”, que nadie eligió hacer por fuera de la ley algo que podía hacer casi del mismo modo dentro de ella (ni vendedores ni compradores). Hay un solo detalle: el consumo que se buscaba disminuir ha aumentado. La industria consuela a quienes se lamentan, recordando que hay que celebrar, pues ¡el mercado negro ya no existe!

En un estado de derecho, lo sensato es perseguir la actividad ilegal, y no intentar que la legalidad se asemeje lo más posible a la ilegalidad para asegurar “condiciones competitivas” entre ambas (tomando las palabras de Baeza). Así, la retórica de “regular para tener control sobre esta práctica masiva” esgrimida por la industria, pareciera ser una máscara que se cae rápidamente al leer las declaraciones de sus representantes: todo indica que la intención real es regular para recaudar.

Si bien el gremio ha sostenido que regular traería solo cosas positivas, lo cierto es que países que han optado por esta vía no han logrado erradicar las apuestas en línea clandestinas, y además ha aumentado de forma considerable la cantidad de jugadores y la frecuencia de sus apuestas. Como consecuencia de lo anterior, ha habido serias repercusiones en el nivel endeudamiento familiar (los casos de Estados Unidos y Países Bajos son especialmente ilustrativos sobre estos puntos). Así, pareciera que los efectos positivos de la regulación los percibe solo la industria. El Estado, en tanto, tendría ahora un trabajo doble: fiscalizar la industria regulada y perseguir la actividad ilegal. La peor parte, sin duda, se la llevan los apostadores y sus familias. Todo esto explica que hace solo unas semanas, el presidente Lula da Silva haya decidido prohibir las apuestas en línea en Brasil (lo que deberá ser ratificado por el Congreso), luego de que su mismo gobierno hubiera regulado la práctica solo unos años atrás. A menos de dos meses de la prohibición, Brasil percibe una “reorientación del ingreso familiar”: ha habido un aumento del 6% en la venta de productos como fideos, arroz y café.

Así, el repentino cambio de criterio del Ejecutivo —que hasta ahora había apoyado una regulación más laxa— es loable pero insuficiente. La prohibición de las apuestas en línea parece ser una mejor idea frente a una industria inescrupulosa, que se alista para revestirse de legalidad, y así seguir haciendo lo mismo, pero con un traje nuevo.

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