Por Claudio Alvarado y Josefina Araos

No deja de ser paradójico que en estos días en que se conmemoran los 250 años de la célebre Declaración de Independencia de Estados Unidos también se cumpla un lustro de la apertura de la fallida Convención Constitucional, inaugurada con sumas dificultades el 4 de julio de 2021. Aunque parezca lejano, conviene recordar el clima político de esos días y sacar las lecciones del caso.

Por de pronto, fue muy reveladora la polémica de las semanas previas acerca de quién presidiría la sesión inicial del órgano. Las izquierdas resistían no solo la presencia del expresidente Piñera (el Presidente Boric, en cambio, sería recibido a las 48 horas de ser electo), sino que la interferencia de cualquier representante de los “poderes constituidos”. Era la época en que se reivindicaba el carácter “autónomo” y “soberano” de la Convención, y se soñaba con una completa reestructuración de nuestra vida común. No quedaba otra alternativa luego de reducir nuestra historia a una suma de “despojos”.

Finalmente se acordó que presidiera esta sesión la secretaria del Tricel, Carmen Gloria Valladares, cuya sobriedad y espíritu republicano marcaron un fuerte contraste con la tónica dominante en el encuentro. Baste recordar que al retraso de varias horas, a causa de los incidentes que comenzaron casi simultáneamente con la marcha de la Lista del Pueblo desde “Plaza Dignidad”, se sumaron los cánticos y gritos que impidieron a los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles entonar nuestro himno nacional.

La jornada ilustró a la perfección la hostilidad de la Convención respecto de los símbolos patrios y la nación chilena. En la misma línea se inscribió la elección de Elisa Loncon como presidenta del órgano: no se buscaba reivindicar el mestizaje o nuestra sangre mapuche, sino afirmar que un “huinca” no podía presidir esa instancia. Menos cuando se perfilaría la plurinacionalidad como eje estructurante de su proyecto —desde la organización territorial del Estado hasta las justicias paralelas—, con el asentimiento de todas las izquierdas.

La noche cerró con el anuncio del flamante vicepresidente de la “constituyente ciudadana”, Jaime Bassa, en orden a comenzar el trabajo de la Convención discutiendo en torno a la “deuda con los presos de la revuelta”. No se trató de un exabrupto. Bassa sinceró lo que entonces pensaba y promovía el Frente Amplio, con la complicidad activa o pasiva del resto de las izquierdas. A los pocos días Fernando Atria lo ratificaría en una alocución formal dentro del órgano (quien dude puede encontrarlo fácilmente en internet): los sucesos del 18 de octubre de 2019 se juzgaban “necesarios”, pues habían hecho “posible” el proceso constituyente. Es digna de elogio la honestidad de estos referentes, que jamás escondieron ni un ápice la naturaleza de su proyecto.

En rigor, hay una clara continuidad entre la instalación de la Convención y su propuesta definitiva. No fue azaroso que el texto sometido a plebiscito arriesgara someter al país, según las lúcidas palabras del expresidente Eduardo Frei, a “un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes”. Guste o no, ese peligro ya estaba prefigurado en el diagnóstico, los énfasis y las dinámicas que se dejaron ver en los primeros días de la Convención. Y, por lo mismo, tampoco fue casual que —voto obligatorio mediante— aquel texto terminara siendo rechazado por un elenco político amplio, anticipo del 62% que finalmente se manifestaría en las urnas el 4 de septiembre de 2022.

No debemos olvidar la experiencia de la Convención. En la dimensión constitucional, porque mostró el fracaso del paradigma alternativo que se propuso, así como la vigencia e importancia del constitucionalismo occidental que se denostó (y que nos invita a revisitar la experiencia fundacional norteamericana que hoy se conmemora, así como sus antecedentes clásicos). En el caso de las izquierdas, porque aún estamos muy lejos de observar una autocrítica a la altura de las circunstancias. Y en el caso del centro y las derechas, pues por momentos parece olvidarse que el país estuvo al borde del abismo.

“La historia tiene sus ojos puestos en nosotros”, dice Washington en el musical “Hamilton”. Una responsabilidad semejante pesa sobre nuestra dirigencia política y, en particular, sobre los partidos que integran el gobierno del Presidente Kast. A fin de cuentas, su desafío es consolidar un auténtico cambio de rumbo respecto del extravío que se manifestó aquel 4 de julio de 2021.