A qué estamos dispuestos a renunciar. Esa pregunta no se ha formulado hasta ahora en las reacciones al proyecto de ley de presupuesto que ingresó esta semana al Congreso, en particular aquella relativa a la partida de educación. La iniciativa quedó a su vez situada en una agenda previa del gobierno, que busca empujar recortes ante la estrechez económica que padece el Estado. Este debate ha estado atravesado por la polémica desde que el presidente Kast llegó a La Moneda, a causa de los errores recurrentes del Ejecutivo en su gestión y comunicación política, pero también por la disposición de sus adversarios, que interpretan ese esfuerzo en los peores términos. Suena muy acorde con la denuncia de “ultraderecha” presentar los recortes como retrocesos sociales. Y todo indica que la polémica seguirá siendo la tónica dominante.

Es evidente que en la ley de presupuesto el primer interpelado es el gobierno. Son las autoridades las que deben dar razón de sus propuestas, especialmente si ellas incluyen el fin o la modificación de políticas sociales de larga data y alcance, o bien reducciones de recursos significativas. En ese sentido, seguramente hay mucho que revisar. Sin embargo, al menos en educación, el Ejecutivo ha mostrado argumentos de peso para justificar sus prioridades, así como disposición a conversar con todos los actores. Esto ha quedado claro en las declaraciones realizadas hasta ahora por la ministra Arzola, quien afirmó que nada está escrito en piedra, pero sí quieren defender un cambio de foco sustantivo: que el centro de los recursos se oriente a la primera infancia, donde residen las principales brechas en educación.

Y es una respuesta a ese argumento de justicia el que no ha recibido la atención merecida. Cartas como las del rector de la Universidad Católica, con consideraciones pertinentes respecto del efecto que los ajustes podrían tener en el sistema universitario, ni siquiera rozan esta dimensión. Es como si en los planteamientos del gobierno solo se hubiera indicado la disminución de fondos (por lo demás acotada) a las instituciones de educación superior porque sí; como si simplemente los moviera el deseo de debilitarlas. Advertir esto es relevante, porque de ello depende tener un debate honesto: cambia mucho el panorama cuando se reconoce que la reducción de recursos para las universidades se explica por la decisión de reorientarlos a un área no solo deteriorada, sino directamente perjudicada por las prioridades de la última década, centradas en la gratuidad. Es cierto que las instituciones adscritas a esa ley sufren por el difícil financiamiento del sistema, pero ello no niega la legitimidad de preguntarse si acaso es momento de redireccionar los escasos recursos disponibles. 

Pasa algo parecido con el escándalo en torno al fin del programa “Yo elijo mi PC”. El valor de una iniciativa así no le asigna justificación automática, menos en un contexto de crisis económica. Por lo demás, no parecen ser distintos los destinatarios de esa política que los de aquella que busca empujar el gobierno con la compensación del déficit de la educación pública. Quizás, algún estudiante no recibirá ahora un computador, pero podrá al fin reconstruirse su escuela, o habilitarla con condiciones adecuadas para aprender. Pero claro, es más eficaz denunciar aquí otra medida “antipueblo”.

Nada de esto es fácil. En política, cada decisión tiene un rostro; cada programa toca vidas concretas, y eso debe ser siempre una consideración relevante en la acción de nuestros representantes. Sin embargo, también es cierto que cada alternativa tiene costos, y de lo que se trata es de explicitarlos de modo riguroso. Si no, será difícil ver el panorama completo, donde la pregunta no es solo cómo mantenemos aquello que funciona bien, sino qué elegimos cuando no alcanzan los recursos para sostenerlo todo. Si ese es el dilema, si tenemos cada vez más niños que no entienden lo que leen, ¿estará alguien dispuesto a alguna renuncia?