Seguridad y economía. Es sabido que esas son las prioridades de la ciudadanía y del presidente Kast: ahí reside la justificación del gobierno de emergencia (el programa original de JAK incluía como tercer eje las urgencias sociales, pero esa es otra historia). Sin embargo, ni el foco en dichas prioridades, ni la exitosa tramitación de la megarreforma ni el impacto mediático de la agenda de seguridad ocultan cierta incomodidad que se observa en las huestes oficialistas. Si, sumando y restando, se ha seguido el guion prometido, ¿qué está fallando?

La narrativa que enarbolan las izquierdas es conocida: se trataría de una administración de “ultraderecha” (una categoría cuyo aroma académico no oculta su falta de densidad, tal como ha mostrado Pablo Valderrama). Este discurso, que venía siendo problematizado por voces de centroizquierda intelectualmente honestas, resurgirá en virtud de las reformas constitucionales presentadas esta semana. Guste o no, algunas medidas particularmente desproporcionadas e injustificadas que se contemplan en estas reformas favorecen ese tipo de diatribas (el ejemplo paradigmático es el insólito plazo de 120 días, prorrogables por igual período sin autorización del Congreso, para el nuevo estado de excepción que se propone).

Pero ese no es el auténtico problema del gobierno. En el caso del estado de excepción, la presión de las propias derechas —incluyendo a diputados UDI e incluso refrentes libertarios— conducirá de modo inevitable a reducir el plazo y modificar otros aspectos, o eventualmente a rechazar la propuesta. En términos generales, como bien ha explicado en estos días el exdiputado y politólogo Eduardo Saffirio, La Moneda está libre de polvo y paja en casi todos los indicadores de “erosión democrática” (legitimidad de origen; relación con la prensa; respeto a la legalidad, el sistema electoral y los fallos judiciales, etc.). Las dificultades del gobierno son más elementales y van por otro lado.

De lo que se trata, básicamente, es de un diseño que desconfía en forma excesiva de los dirigentes, partidos y parlamentarios que lo respaldan. Más allá del ruido y la estética, esto no se parece tanto a Bukele como al primer gabinete del expresidente Piñera previo a los cambios de 2011, cuando se vio en la necesidad de convocar a figuras de peso en aquel entonces, como Allamand, Longueira o Matthei.

Hoy, mientras abunda la dinámica del “tejo pasado” —muy visible en las reformas constitucionales recién presentadas—, el déficit es análogo al que se padecía en 2011. En rigor, lo que falta es conducción política, trabajo prelegislativo, coordinación de las bancadas, anticipación de los incordios (¿cuántos seremis han caído?) y ánimo de coalición o algo semejante a ello. En una palabra: política.

Por supuesto, podría replicarse que aquel diseño no surge de la nada —la decreciente calidad de la política es innegable—; que su eficacia legislativa de la mano de los ministros Alvarado y García es digna de elogio; y que varios ministros independientes (Arzola, Barros, Chomali) han tenido un buen desempeño. Pero si lo anterior es así y si las izquierdas siguen desorientadas —todo lo cual es verdad—, las interrogantes sólo se multiplican.

¿Por qué surge cierta incomodidad en las tropas de gobierno? ¿Por qué los ministros discuten por la prensa? ¿Por qué senadores del mundo oficialista riñen por redes sociales? ¿Por qué genera ruido una agenda de seguridad, a priori una sandía calada? Son los límites del diseño del gabinete de emergencia —la ilusión según la cual es posible gobernar sin un predominio de cuadros políticos probados— los que nublan el horizonte.