A un año del fraude electoral de Nicolás Maduro en los últimos comicios presidenciales en Venezuela, el régimen celebró esta semana una victoria en 285 de las 335 alcaldías. La crisis en el país caribeño se ha profundizado en los últimos años y el enquistamiento del chavismo en el Estado petrolero aleja cualquier esperanza. Chile tiene preocupación directa en el asunto. No solo hemos recibido millones de venezolanos, sino que parte relevante del oficialismo se ha empeñado en defender al régimen. Mientras algunos se esfuerzan por bajarle el perfil de las posibles a las eventuales consecuencias de que Jeannette Jara y su equipo lleguen a La Moneda, Venezuela es un ejemplo cercano sobre los estragos que la izquierda latinoamericana ha provocado en el continente.

No es necesario haber leído a Marx para advertir las ambivalencias democráticas del PC en Chile. El ejercicio para ponderar acá es otro y guarda relación con apreciar la actitud del partido frente a los atropellos a los derechos humanos en aquel país, y cómo eso conecta con su actitud en nuestra historia reciente. Recordemos sus actos para desestabilizar a Sebastián Piñera, su promoción de las funas, su actitud refundacional durante la Convención Constitucional o la defensa de los indultos otorgados por el Presidente Boric. 

En ese sentido, Venezuela ofrece un ejemplo paradigmático de dónde pueden conducir ese tipo de lógicas cuando se imponen en un país. A diferencia del Socialismo Democrático y de algunas personas en el Frente Amplio, el PC se ha negado a tildar al régimen de dictadura. En el marco de los comicios del año pasado, la diputada Carmen Hertz llegó a sostener que en “Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que acá”. El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, ha respaldado a Maduro en diferentes ocasiones, y ha señalado que Venezuela “no es una dictadura” y que allá “sí existe separación de poderes”. El diputado Boris Barrera, quien estuvo como observador en las últimas elecciones presidenciales, afirmó que “nadie va a tener excusa para no validar la elección”. 

Nada de esto es extraño, pues el PC y el régimen se han relacionado directamente. La Universidad Arcis es un buen ejemplo. Si bien existen testimonios de que los vínculos entre el plantel universitario y Venezuela se remontan al año 2000, la relación se intensificó en 2007, cuando sus autoridades distinguieron a Hugo Chávez con el título de “Doctor Honoris Causa”. Más tarde, en enero de 2008, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela otorgó un préstamo de 9 millones de dólares al plantel. En esa oportunidad, viajaron a concretar la operación Juan Andrés Lagos (exasesor de la subsecretaría del Interior con el Presidente Boric), Galo Edelstein (actual subsecretario de Fuerzas Armadas) y Max Marambio. Varios otros militantes comunistas participaron en la universidad, entre ellos Marcos Barraza y Daniel Núñez. Todos sabemos en qué terminó la Arcis y la cercanía entre Barraza y la exministra Jara.

Por otro lado, en su misión de exportar la revolución, el régimen venezolano organizó periódicamente encuentros con intelectuales y políticos latinoamericanos, donde recibieron formación en plena crisis humanitaria. Allí hablaban de «democracia», mientras encarcelaban y silenciaban a la oposición política. En 2018, la exvocera de la Cones y militante PC, Valentina Miranda, participó en diferentes encuentros chavistas. La Cones luego desempeñaría un papel fundamental en generar condiciones para la violencia que se desató el 18 de octubre de 2019. Daniel Jadue, hoy imputado por delitos de corrupción, asistió en 2022 a la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”, y en 2024 intentó viajar a Caracas días antes de su audiencia de formalización. ¿Cuántos vínculos, tratos y relaciones que no conocemos existieron entre el PC y el chavismo? ¿Qué se habrá planificado en esos viajes? 

Todas las declaraciones y actitudes constatadas muestran que el PC ha mantenido una sola posición: apoyar el proyecto bolivariano desde sus inicios, en las buenas y malas. La ausencia de voces críticas en el mundo comunista tras el asesinato de Ronald Ojeda en 2024, ante las sospechas de una posible colaboración entre los asesinos y agentes de Maduro, es tal vez el mejor ejemplo de la persistencia de su posición favorable al chavismo. ¿Se ha transferido información del Estado chileno a los jerarcas chavistas? ¿No es un peligro que el PC lidere el Ejecutivo teniendo vínculos tan estrechos con la peor tiranía que asola al continente? Estas son sólo algunas de las preguntas que la candidatura de Jara debe responder. Formularlas no es anticomunismo, sino una genuina inquietud por el futuro de nuestra República.