Señor Director:

Agradezco a Alessia Injoque por su respuesta (ayer), donde acepta que tanto la libertad como la evidencia son criterios fundamentales en el debate relativo a la disforia de género en menores de edad.

Me temo, sin embargo, que las conclusiones de Injoque son difíciles de sostener si nos tomamos en serio dichos criterios. Por ejemplo, se limita a calificar —o más bien: descalificar— al Informe Cass como un “documento bastante polémico”, ignorando no solo su metodología (este reporte descarta por su baja calidad más del 40% de las investigaciones examinadas), sino también el profundo impacto que ha generado en actores que distan de ser “conservadores”.

En efecto, cabe recordar que luego del Informe Cass el servicio de salud británico (NHS) decidió modificar radicalmente su política en materia de terapias afirmativas; que su rigurosidad fue respaldada por el Royal College of Psychiatrists (el que se declaró “totalmente de acuerdo” con sus recomendaciones); y que después de su aparición incluso la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas reconoció “consecuencias devastadoras” de esos tratamientos en los derechos humanos de los menores.

Nada de esto sorprende si consideramos, además, que tanto Suecia como otros países escandinavos dieron pie atrás antes que Inglaterra en la difusión acrítica de las terapias afirmativas. No obstante, los principales referentes del liberalismo criollo han guardado riguroso silencio ante esa realidad, así como también ante los crudos testimonios que se han difundido en la prensa local; testimonios que incluyen a padres judicializados por el solo hecho de resistirse ante los mismos tratamientos que hoy son cuestionados a nivel global.

¿Cómo explicar aquel silencio e indiferencia? Tal vez sea el momento de preguntarse hasta qué punto los principios básicos que reivindica la tradición liberal son difuminados por el progresismo que abrazan muchos de sus exponentes.