“El problema central”, declaraba Camila Vallejo dos semanas atrás, “es que nos gobierna la ultraderecha”. Sería trivial si solo ella profiriera este género de declaraciones. Pero pocos días después era el turno de Carolina Tohá, quien en una radio –a propósito de la megarreforma– se plegaba al uso de esta etiqueta. Esta idea, reciclada hasta el cansancio, parece hoy el último recurso de una desorientada oposición. El problema de la categoría, sin embargo, ha sido mostrado una y otra vez. Se pontifica sobre la amenaza de la ultraderecha, pero bajo ese título se pone cada posición política que se quiera desechar (también, como vemos, en el plano económico). Se habla con tono de experto en ultraderechas, pero en ese discurso no asoma ni una caracterización razonable de la derecha, ni tampoco de los rasgos que volverían a tal o cual derecha “radical”. Así las cosas, el único efecto de la categoría es contaminarlo todo en lugar de permitirnos distinguir con precisión ante qué movimientos tener especial cuidado.

Una reciente entrevista al académico holandés Cas Mudde, la autoridad a la que apelan quienes siguen usando el término, deja al descubierto una vez más los límites del concepto. ¿En qué consiste lo ultra? ¿Es el actual gobierno chileno antiliberal? Interrogado al respecto en la Revista Santiago, Mudde se apura en afirmar que no basta como test de blancura el aceptar resultados electorales, que tampoco operar conforme a las reglas del juego libra de la categoría de “ultra”. Como si fuera motivo de escándalo, nos anuncia que el gobierno podría pretender revertir políticas del gobierno de Boric. Si se identifica así lo “ultra”, es difícil ver tras el término más que un recurso interesado.

Lo otro que salta a la vista son las generalizaciones y la liviandad con que se deja caer juicios. Al parecer de Mudde, el gobierno pretendería “volver a marginar a ciertos grupos que ya estaban marginados”. Al no indicar a quién ni cómo se estaría marginando, una afirmación como esa es simplemente imposible de testear. Y cuando luego intenta identificar grupos concretos, solo se revela su desconocimiento de la realidad que comenta: imagina al presidente Kast con una “comprensión étnica de la nación chilena”, y parece imaginar que en la Araucanía está en curso un levantamiento mapuche que impugna esa comprensión. 

Nada de esto es trivial, y basta un elemental sentido de la justicia y la verdad para reconocerlo. Pero también importa porque la izquierda no podrá rearticularse si no renuncia al juego con esta categoría. Lo notaba con precisión esta semana Alfredo Joignant. No es solo que resulte poco creíble si alguien declara sentirse viviendo bajo un gobierno de extrema derecha. El manoseo de los rótulos como “fascista”, de “extrema derecha”, obliga a negar la sal y el agua al gobierno: sería absurdo sentarse a dialogar con alguien descrito así, y por tanto la izquierda mina su propia capacidad de diálogo. Sea que nos importe más la justicia respecto de la derecha o sacar a la izquierda de la desorientación, a todos nos debe importar la ruina de la esfera pública generada por estas etiquetas.