Mientras las élites se acusan entre sí en debates eternos e inconducentes sobre quién es más iliberal, el crimen organizado muestra nuevas formas de ejercer poder. Basta pensar en las decenas de alcaldes con protección policial por amenazas del narco; en el intento de atentado contra el edil de San Bernardo por una organización criminal; en las bandas con enorme capacidad de fuego, alianzas y sicarios extranjeros.

La reforma constitucional presentada por el gobierno, además de los riesgos que varios han destacado, tampoco resuelve estas dificultades, pues no reconoce algunas características de nuestra criminalidad. La discusión de estas semanas se ha centrado en los plazos y en el control del Congreso, y es probable que haya cambios sustantivos al respecto. Pero queda una pregunta previa que casi nadie ha hecho: si el instrumento puede hacer lo que promete. ¿Cuál es la lógica detrás de esa medida? ¿Qué aspectos del fenómeno criminal busca regular?

El propio mensaje lo responde cuando funda la reforma constitucional en la capacidad del crimen organizado para controlar determinados espacios territoriales. Pero nuestra criminalidad tiene mucha más relación con el control de mercados específicos que con el de territorios: el Tren de Aragua, por ejemplo, maneja múltiples negocios y su control, salvo excepciones como el Cerro Chuño, en Arica, ha sido más bien de nodos (edificios o casas) o de funciones (jaladores en el norte). Las bandas de la zona sur de Santiago controlan algunas cuadras, pero no al nivel de una favela brasileña.

Al parecer, el objetivo del estado de excepción es precisamente resolver la situación en aquellos espacios: edificios, barrios pequeños, cuadras controladas por el narco. ¿De qué forma se puede implementar una medida con tal nivel de restricción en unos barrios cruzados por otros? ¿Cómo hacer cumplir la estricta suspensión de derechos en esos lugares y no fuera de ellos, si el límite puede pasar entre una cuadra y otra que los propios vecinos cruzan varias veces al día para ir al trabajo, al colegio o al almacén? ¿Y qué ocurre con una facultad como la de interceptar, abrir o registrar toda clase de comunicaciones, que difícilmente se deja encerrar dentro de un espacio así, pues alcanza a quienes viven ahí, a quienes hablan con ellos, a quienes solo pasan por el lugar?

Por su parte, la idea de crear un registro de bandas criminales también puede enfrentar serios problemas en su ejecución, y no relativos a su potencial uso político. Es cierto que, como ha sugerido el ministro Arrau, varios países llevan algún registro de organizaciones criminales. Pero conviene preguntarse qué necesita un registro así para funcionar. Cualquier lista de ese tipo supone organizaciones con bordes relativamente nítidos: un nombre estable, una jefatura identificable, una pertenencia verificable. Donde eso existe, el registro no descubre nada; solo formaliza una identidad que los propios grupos sostienen.

Muchas de nuestras bandas no tienen esa forma, y el problema no es que se escondan, sino que no está clara la unidad que habría que registrar. ¿Qué se registra en el caso chileno? Si es el Tren de Aragua, es una marca y no una estructura: la célula que operó el corredor de Arica, la que extorsiona en Bellavista y la que lava a través de sociedades pueden no compartir estructura ni, en muchos casos, conocimiento recíproco. Muchos se hacen llamar Tren de Aragua y solo usan su nombre; el Tren de Aragua también se mueve constantemente y adopta múltiples nombres, como Los Piratas, Los Cartier, Los Gallegos y tantos más. Y si se inscribe cada célula, el registro deberá actualizarse a la velocidad con la que las células se dividen, se renombran y se rearman, mientras que el procedimiento que se propone (decreto fundado, informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, ratificación del Senado en sesión secreta) es lo contrario de un instrumento rápido. Además, el efecto de registrar mediante ese procedimiento puede consolidar al crimen en el mundo delictual y en la sociedad. De hecho, la marca puede ser capital: es lo que, en ocasiones, permite cobrar extorsión sin recurrir a la violencia, porque quien recibe la amenaza paga por lo que ese nombre ya hizo en otra parte. El Estado que inscribe entrega gratis y certificada la única credencial que esos actores no pueden emitir a sí mismos.

Un tercer problema, y quizás el más difícil, tiene que ver con la propuesta del gobierno de sancionar la pertenencia a bandas criminales. La reforma supone que puede determinarse quién integra una organización, pero los casos muestran que la zona gris es muy amplia. Hay mujeres captadas como víctimas de trata de personas que terminaron desempeñando funciones dentro de la estructura, sin dejar de estar sometidas. Hay adolescentes reclutados como soldados, prácticamente niños, cuya pertenencia debe leerse primero como una victimización. Y hay una periferia de servicios: el que les arrienda una casa, el que les conduce, el que les recibe las encomiendas, el que les hace trabajos específicos. Su relación con el núcleo no es demasiado clara porque lo que hacen, tomado por separado, puede ser lícito; porque muchas veces lo hacen por presión o sin saber del todo para quién trabajan.

Las tres medidas comparten, en el fondo, un mismo error de diagnóstico: que los fenómenos criminales son blancos o negros y no admiten matices; que ser firmes contra el crimen implica olvidar sus zonas grises. El estado de excepción supone que el crimen tiene un territorio definido; el registro, que tiene bordes; la pertenencia, que tiene un padrón evidente. Mientras las élites discuten hasta el cansancio si estas herramientas nos hacen más o menos liberales, cabría preguntarse algo más elemental: si sirven para lo que, en teoría, deberían servir.