El lunes se aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. El juez fue acusado de notable abandono de deberes por presuntamente vulnerar los deberes de reserva y confidencialidad, filtrando resoluciones judiciales al abogado Luis Hermosilla y participando en nombramientos de jueces sin declararse inhabilitado. Con su destitución, ya son tres los ministros de tribunales superiores de justicia removidos en un solo año (recordemos que desde 1990, sólo se había destituido a uno, Hernán Cereceda, en 1992).

El caso ilustra la crisis del Poder Judicial, cuyos escándalos de corrupción se han sucedido in crescendo desde el “desastre de Rancagua” en 2019. Así lo confirma el nuevo informe del IES, Sistema judicial y percepción ciudadana, que aborda entre otros casos, los episodios de corrupción del Poder Judicial para explicar la profunda desconfianza pública hacia este y las consecuencias de aquello. Se trata de un poder debilitado, tensionado con la política y la ciudadanía, y envuelto en episodios que exceden las fricciones naturales entre los poderes del Estado. En particular, los casos de corrupción al interior del Poder Judicial son alarmantes no sólo por la magnitud de los hechos, sino por el deterioro progresivo de la legitimidad del “gran árbitro” que debe perseguir a los corruptos e impartir justicia. Esta pérdida de credibilidad apunta a un problema sistémico, alimentado por incentivos y prácticas internas que podrían corregirse, aunque ello exige reformas de fondo (por ejemplo, fortalecer el control disciplinario de la Corte Suprema y revisar el modelo de gobierno judicial).

Es en este contexto que debemos evaluar el caso Ulloa: el de una ciudadanía recelosa que suma este episodio como evidencia para confirmar el deseo contenido (que a ratos explota) de “que se vayan todos”. Eso explica las rápidas reacciones de los candidatos presidenciales: en redes sociales, Evelyn Matthei instó a Chile Vamos y Demócratas a respaldar la acusación, en la misma línea de la definición de Johannes Kaiser, quien suspendió su gira de campaña para votar en la Cámara de Diputados. De hecho, su discurso el 29 de octubre fue decisivo para alinear a diputados que pensaban abstenerse o rechazar: “La República no puede sobrevivir a malos jueces”, advirtió, acusando los “macuqueos” entre el Ejecutivo y el Senado que habrían corrompido el sistema. “Que ellos decidan -añadió-, pero sabiendo que todo el país les está mirando los dedos”.

A pesar de esto, y como pudimos ver esta semana, al llegar la votación al Senado las cosas se complicaron. Durante la sesión el lunes, el diputado Daniel Manouchehri -invitado en su calidad de fiscal de la acusación- aprovechó su intervención para atacar a la senadora Yasna Provoste, acusándola de participar en las operaciones fraudulentas de Ulloa y provocando reacciones indignadas. Pero los motivos del diputado son altamente sospechosos: Provoste disputa la elección en Atacama de este domingo con la diputada Cicardini, no sólo compañera de bancada de Manouchehri, sino su pareja. Luego de ese ataque, el diputado protagonizó un altercado con el senador Fidel Espinoza, al cual tildó también de corrupto. El episodio obligó al presidente del Senado a llamarlo reiteradamente al orden y, finalmente, a suspender la sesión. Su “gustito” casi cuesta la aprobación del libelo. Afortunadamente, al reanudarse la discusión, se le prohibió volver a intervenir y se concretó la votación.

El incidente es revelador: mientras el Poder Judicial está sumido en una severa crisis de corrupción, la instancia que debe fiscalizarlo muestra su peor rostro. Quizás no por azar la única institución con peor evaluación ciudadana en las encuestas que los tribunales de justicia es el Congreso Nacional (y, por cierto, el gobierno). Es difícil imaginar un panorama más crítico: la baja evaluación no hace más que confirmarse ante este lamentable desempeño del poder llamado a castigar la corrupción del Estado.

Todo esto debiera preocupar a la política, y más aún en tiempo electoral. De cara a la ciudadanía, pareciera dibujarse con persuasión la rentable imagen de la casta -compuesta por jueces, parlamentarios, funcionarios que viajan con licencias falsas, entre otros-, pues lo que ven es que trabaja sólo para sí misma, que los políticos prefieren asegurar sus posiciones antes que servir al país. Muchos se escandalizan ante el auge de las candidaturas anti-establishment que se apropian del enojo ciudadano. Y tienen razón: necesitamos salvar a las instituciones de sus peores versiones. Sin embargo, eso exige estar a la altura, y no es claro que contemos con las personas para ello.