Hace una semana, la académica de la Universidad Andrés Bello, Macarena Bonhomme, publicó una columna en El País en la que aborda los problemas del mercado habitacional y las dificultades que enfrenta la población migrante. La tesis central de la columna es que “la migración no es el problema: es el espejo que revela las profundas fallas estructurales del modelo habitacional y de las políticas públicas en Chile”, y que responsabilizar o criminalizar a los migrantes es injusto: la crisis de vivienda es un problema compartido que requiere soluciones de política pública, no chivos expiatorios.

El texto es relevante porque, por un lado, muestra una dimensión real: muchos migrantes sufren racismo y discriminación en distintos ámbitos de su vida. Ser migrante en un país extranjero puede ser una experiencia muy dura, sobre todo si el aparato estatal no tiene la capacidad para procesar la llegada masiva de personas (¿algún Estado latinoamericano habría podido hacerlo de otra forma?). Bonhomme también acierta al señalar que este es un problema compartido: ya existían muchas dificultades en materia de vivienda antes de la presión migratoria.

Por otro lado, el texto muestra buena parte de los sesgos que han inundado ciertos sectores de la academia —y a las nuevas izquierdas— en esta materia en los últimos 10 o 12 años. Son precisamente esos sesgos los que les han impedido formular aproximaciones que hagan sentido a la ciudadanía, mostrándose desconectados, atónitos y con pocas herramientas para explicar fenómenos como, por ejemplo, lo que estos mismos académicos suelen etiquetar como la “ultraderecha”.

Bonhomme parte de la premisa de que la llegada masiva de extranjeros que ha experimentado Chile en los últimos años es un asunto sobre el que no hay nada que discutir. La migración no es el problema, asegura. Es más: los migrantes aportan al PIB y pueden ayudarnos a resolver nuestras dificultades demográficas (la evidencia disponible sugiere que este último efecto no es tan lineal ni tan evidente como suele plantearse).

Sin embargo, resulta difícil comprender la negativa total a reconocer, aunque sea, algunos costos asociados a la inmigración descontrolada. Es evidente que un país que ha recibido a cientos de miles de extranjeros en pocos años sufre presiones en diversos ámbitos y que esos costos los asumen principalmente los más vulnerables. Parece necesario recordar lo evidente: son los sectores más pobres los que conviven con los migrantes y sufren las consecuencias de la migración masiva. Parte importante de la academia, aún hoy, se resiste, si no a aceptar, al menos a formular preguntas al respecto.

La aproximación de Bonhomme —y de quienes se aproximan a estos debates del mismo modo— se asemeja mucho a la de Joseph Carens, académico de la Universidad de Toronto, quien ha sido una de las voces más relevantes en pro de las fronteras abiertas y el derecho humano a inmigrar. La diferencia es que Carens hace un juego teórico: él sabe que pensar en un mundo de fronteras abiertas es prácticamente imposible hoy en día y que sus teorías no tendrían demasiada aplicación práctica. Sin embargo, autores como Bonhomme proponen política pública a partir de esas mismas premisas. Por ejemplo, la investigadora sugiere que las políticas habitacionales no diferencien entre chilenos y extranjeros, para que no se reproduzca la idea de los migrantes como ciudadanos de segunda categoría. ¿Puede un Estado diezmado asumir esa responsabilidad cuando ni siquiera ha logrado reconstruir las viviendas tras un incendio como el de Viña del Mar? ¿Qué hacemos en otros ámbitos de la vida común? ¿No tiene el Estado una capacidad limitada para ofrecer (buenos) servicios?

A través de mi trabajo de campo, he podido observar de cerca algunas de las consecuencias del desorden migratorio de los últimos años. En Alto Hospicio, por ejemplo, las tomas de terreno han aumentado de aproximadamente tres hectáreas a casi 300 entre 2016 y 2025. Por otro lado, el crimen organizado ha sido uno de los principales beneficiados de la llegada masiva de extranjeros irregulares. En un principio, el Tren de Aragua traficaba principalmente migrantes venezolanos; las mujeres víctimas de trata eran, en su mayoría, venezolanas irregulares, así como los migrantes extorsionados. Así, el asunto parece más complejo que simplemente regularizar a los migrantes que entran o ampliar el marco de acción del Estado, pues, como hemos visto, la migración que hoy tiene lugar tensiona aspectos relevantes de nuestra vida común —como la seguridad o la convivencia—, algo que discursos como los de Bonhomme no alcanzan a observar.

La migración seguirá ocurriendo con o sin zanjas, asegura con razón la autora. Pero de eso no se sigue un único camino, ni se valida, por consecuencia, el argumento formulado por Bonhomme. En ese sentido, tal vez sea bueno no solo interpelar al Estado sobre qué hacer con una crisis como la que vivimos, sino también a la propia academia respecto de sus dificultades para dar cuenta de ella y para transformar en preguntas nuevas aquello que no logra observar ni explicar por completo. La migración es, como plantea el académico de Oxford David Miller, un problema político que interpela nuestra vida en comunidad. No es un asunto exclusivamente moral ni económico, ni tampoco reductible a un mero reflejo de otros problemas sociales. Se trata de un fenómeno en sí mismo que merece toda nuestra atención. Pues, en último término, tensiona una pregunta vital y nunca resuelta: aquella sobre cómo vivir (y bien) juntos. Caminar en esa pregunta, intentar ir respondiéndola, requiere, sin embargo, estar dispuestos no solo a defender una bandera, sino también a mirar de frente las luces y sombras de los fenómenos que observamos.