José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso extraordinariamente simple: seguridad y migración irregular; economía, crecimiento y empleo. Es más, puede pensarse que la gran virtud del candidato Kast fue su persistencia: nunca se tentó con variar ni modificar las prioridades. Mientras otros postulantes inventaban novedades cada semana, Kast martilló siempre el mismo clavo. Bajo el concepto de emergencia, conectó con los electores y se llevó el premio mayor.

A mayor abundamiento, estos asuntos no han perdido su pertinencia: en lo sustantivo, el clima ciudadano no ha cambiado. Vale recordar que la situación de Gabriel Boric fue muy distinta. Cuando este asumió el poder, el programa original del Frente Amplio ya estaba superado por la realidad. De hecho, los cuatro años de Boric en el poder pueden resumirse así: un presidente esforzándose todos los días por adaptarse a un clima contrario a sus inclinaciones más íntimas. Cada vez que intentó rebelarse y salir de esa camisa de fuerza —caso indultos—, terminó pagando una cuenta muy cara. Kast, en cambio, no debe adaptarse a nada, sino seguir martillando los mismos clavos. Como diría Maquiavelo, la fortuna lo ha acompañado.

En virtud de lo anterior, cuesta encontrar la lógica interna de las decisiones que el Gobierno ha tomado en materia de seguridad. En un primer momento, fue nombrada ministra una fiscal sin experiencia política y con nula capacidad comunicacional. Dicho en simple: el tema más importante fue simplemente abandonado. El área más sensible parecía obra de amateurs. En un segundo momento, el mandatario se percató de los costos asociados y recurrió al mejor de sus cuadros —Martín Arrau— para reemplazar a Trinidad Steinert. Las primeras señales de Arrau fueron positivas: puso orden y dio las señales que la ciudadanía esperaba.

Sin embargo, al poco andar volvieron los problemas. Se anunciaron grandes reformas para enfrentar la delincuencia —incluyendo cambios a la Constitución—, se filtraron borradores y, finalmente, se presentó una propuesta particularmente agresiva. La premisa subyacente era simple: en cuestiones de seguridad, nuestro respaldo ciudadano es tan robusto que tenemos un espacio ilimitado. Es verdad que 240 días de estado de excepción sin autorización del Congreso puede parecer excesivo, pero qué va, a los parlamentarios no les quedará otra alternativa que apoyar. Grave error. Los parlamentarios oficialistas se resistieron, la ciudadanía no estuvo en la línea esperada y el Gobierno quedó en una situación delicada y, peor, enteramente autoinfligida (la oposición no existe como tal).

La secuencia es muy reveladora y deja ver al menos tres dificultades que enfrenta el Gobierno, y cuyas consecuencias son cada vez más visibles. La primera es, desde luego, la consistencia de las propias fuerzas. Si la convicción es ir al choque, la primera tarea consiste en averiguar cuánta infantería está disponible. En este caso, incluso los más duros arriscaron la nariz. El Gobierno quedó expuesto así al ridículo: ¿qué batalla puede darse sin tropas? ¿Había alguien encargado de conversar, medir el ambiente y, en definitiva, hacer política?

Esto nos conduce a la segunda dificultad: la actual administración carece de conducción. No hay estrategia ni diseño, sino mera improvisación sectorial. No parece haber nadie con visión de conjunto, que pueda ir ajustando piezas. En este sentido, los 240 días son sintomáticos: ¿Cuántos asesores jurídicos y políticos visaron ese número descabellado? ¿A cuánta gente le pareció una buena idea? ¿Quién anticipa los escenarios? En esta materia, la falta de vocero es simplemente el reflejo de un problema mucho más hondo y estructural: no hay vocero porque, en demasiados temas, no hay línea política que expresar, más allá de los titulares. El Gobierno no posee un discurso, sino voluntades dispersas, y de allí su extraña capacidad para estropear incluso sus buenos momentos.

El tercer problema guarda relación con el fondo de la propuesta. Es sabido que existe bastante ruido mediático —empujado con más entusiasmo partisano que rigor intelectual— en torno a los riesgos asociados a la “ultraderecha” y a las doctrinas “iliberales”. Hasta acá, el Gobierno no había dado motivos serios para acusaciones de ese tipo. No obstante, varios aspectos de la reforma constitucional alimentan, con razón, esa crítica. En efecto, se incluyen medidas muy discutibles, y que ningún ministro ha sabido defender. Uno supone que la decisión calculó los riesgos involucrados, pero ¿hay realmente motivos justificados para alimentar el discurso sobre la ultra? ¿Por qué incluir medidas que nadie está dispuesto a sostener con algo de firmeza? ¿Qué gana el Presidente Kast erosionando la amplia base que convocó en su gabinete?

Como puede verse, las preguntas preocupantes se multiplican y, peor, impiden que el debate se centre en lo más relevante. En efecto, es muy posible que el Estado chileno requiera de herramientas jurídicas adicionales para combatir la delincuencia; pero al extremar sus propuestas, el propio Gobierno ha impedido esa conversación. En otras palabras, la seguridad merece algo más que la insoportable improvisación de la que hemos sido testigos. Si el Gobierno no corrige pronto el tiro, no podremos sino concluir que su principal promesa era —también— una cruel metáfora.