Gobernar con más de una coalición se ha convertido en una anomalía habitual en Chile. Gabriel Boric lo hizo (y pagó los costos) al intentar articular un gobierno que incluyó al Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático; y así lo hará José Antonio Kast con un gobierno que va desde el Partido Republicano —quién sabe si en un futuro el Partido Nacional Libertario también— hasta Demócratas, pasando por la diversidad que caracteriza a Chile Vamos. Se trata de un desafío anómalo, pues dentro de un régimen presidencial como el nuestro no hay un espacio para formar mayorías que den origen a un nuevo gobierno, a diferencia de los regímenes parlamentarios.

Las consecuencias de esta combinación —gobiernos con más de una coalición bajo un régimen presidencial— están a la vista en la administración que termina. Para nadie es un misterio que el Socialismo Democrático —y el Partido Comunista también, aunque por razones distintas— estuvo siempre a contrapelo. Los ejemplos abundan y todos apuntan en la misma dirección: las tensiones no eran sobre meras tácticas, sino sobre visiones de fondo incompatibles, las famosas “dos almas del gobierno”. Acá están los indultos otorgados a espaldas de Carolina Tohá, las posiciones irreconciliables sobre el Estado de Excepción en la macrozona sur, y las divisiones durante la tramitación de la ley Naín-Retamal. Estos no fueron sólo roces normales de la política, sino síntomas de que coaliciones con prioridades distintas jamás lograron articularse en uno solo proyecto.

Por eso el sueño de Boric de una gran coalición de izquierda se reveló como lo que siempre fue: una ilusión. Apenas perdieron el poder, las costuras se reventaron y su proyección de futuro se esfumó, al menos en el corto plazo. Sin embargo, el problema que aquejó a Boric también amenaza a Kast, aunque probablemente en magnitudes diferentes. Y conviene remarcarlo: no se trata sólo de un desafío personal o de estilo político, sino de un problema estructural del diseño institucional chileno.

Para enfrentar este problema de dos o más coaliciones bajo un mismo gobierno existen alternativas que no requieren un giro radical hacia un régimen parlamentario —algo que ni la Convención Constitucional se atrevió a plantear. Una de ellas es trasladar las elecciones parlamentarias a la segunda vuelta presidencial, tal como lo sugirió la Comisión Experta en el segundo proceso constitucional (artículo 57.2 del anteproyecto). Y la lógica es simple: si los parlamentarios se eligen junto con el balotaje, los partidos se ven forzados a negociar alianzas estratégicas y unificarse antes de la elección, no después. De este modo, el presidente y la coalición que se forma comparten un mismo mandato electoral, teniendo razones para sentirse mutuamente necesarios en el triunfo y, por tanto, para negociar previamente los términos de una colaboración duradera. Además, se genera un efecto arrastre que facilitaría que el gobierno cuente con mayoría parlamentaria consolidada en torno a un solo proyecto, en lugar de la actual dispersión en coaliciones rivales y fuerzas atomizadas.

Es difícil que una iniciativa de este tipo se añada al ya empantanado proyecto de reforma al sistema político. Pero esa dificultad no debería silenciar el diagnóstico: mientras sigamos diseñando gobiernos de coaliciones precarias que deben navegar, además, congresos fragmentados, la crisis de gobernabilidad probablemente continuará. En ese sentido, insistir en reformas que hoy parecen inviables no es un ejercicio vano, sino una advertencia necesaria. Sin una cirugía mayor al sistema, seguiremos eligiendo presidentes cuyas posibilidades reales de gobernar son cada vez menores.