Como han podido comprobar las investigaciones judiciales, durante el 2021, el Tren de Aragua tomó el control de los pasos fronterizos no habilitados que separan Pisiga y Colchane, a cuatro horas de Iquique. Todo lo que se traficaba por esa zona, ya fuera personas o droga, debía contar con su aprobación. Algunos de los que no respetaron esa regla fueron brutalmente asesinados por la organización criminal.

Migrantes que cruzaron la frontera traficados por el Tren de Aragua relatan que los criminales les pedían a las mujeres que asfixiaran a sus hijos para que no gritaran y no alertaran a la policía chilena que vigilaba la zona. Cruzaban de noche, por lugares donde el frío quema, a 3.600 metros de altura. Una inmigrante se sentía muy mal. Fue golpeada por los criminales venezolanos y se desvaneció. La dejaron ahí tirada, mientras el grupo de migrantes que la acompañaba tuvo que seguir avanzando. Su hermano, menor de edad, regresó a buscarla. La inmigrante falleció: tenía Covid. 

En paralelo, “Los Gallegos”, una facción del Tren de Aragua, logró montar un Estado paralelo en el Cerro Chuño, en Arica, durante el 2022. Lo llamaban el «Estado Gallego»: vendían electricidad a los habitantes del sector, pero también instalaron una casa de tortura junto a un antiguo vertedero, donde llevaron a varias personas secuestradas y enterraron vivas a algunas. Un agente encubierto, D1, se infiltró en el Cerro Chuño y descubrió el alcance de la operación: tráfico de migrantes, explotación sexual, producción y tráfico de drogas, asesinatos y otros delitos.

Uno de los principales rubros del Tren de Aragua en el país durante esos años —y también ahora— ha sido la trata de mujeres. La dinámica es casi siempre la misma: prometen una vida mejor a mujeres que están en Venezuela y las traen a Chile para prostituirse, costeando y organizando su viaje a través de pasos no habilitados. Una vez que las mujeres llegan al país, les informan que hay una “multa” de varios millones de pesos por el costo del viaje, que deben pagar con sus servicios sexuales en condiciones esclavizantes. Además, las mujeres deben pagar una suerte de impuesto por prostituirse en las calles donde el Tren de Aragua ejerce algún tipo de control territorial.

¿Dónde estaban nuestras élites políticas mientras Iquique y Arica atravesaban estas pesadillas? ¿Cuáles eran las prioridades cuando, en 2022, Arica registró una tasa de homicidios de 17,1, superior a la de ciudades como São Paulo o Bogotá?

La pregunta se impone porque en ese entonces el crimen organizado no era un tema. Estábamos inmersos en la discusión constitucional, debatiendo sobre la “plurinacionalidad” mientras el Estado era asediado, sin que se tuviera conciencia de ello. Algunos querían cambiarlo todo, sin notar que nuestro aparato estatal tenía debilidades profundas y no podía adaptarse con rapidez a las amenazas que surgían. Desde el norte se disparaban alertas, pero el centro no quería escuchar, como confirmando ese prejuicio instalado de que si las cosas no ocurren en Santiago parece que no importan demasiado.

En ese mismo período, varias de las que antes se señalaban como fortalezas de Chile empezaron a parecer debilidades ante el nuevo contexto. Los criminales se aprovechaban de instrumentos como “Empresa en un día” para lavar dinero; el prestigio de nuestros puertos atrajo a nuevas bandas; y la ausencia de mercados criminales comunes en América Latina, como el secuestro o la extorsión, resultó ser un incentivo para delinquir en un país sin demasiada competencia criminal.

La ceguera que invadió a nuestras élites es evidente, así como sus devastadoras consecuencias. Y la inquietud que se levanta es qué otros fenómenos podrán escapar a sus ojos de aquí en adelante. Los sesgos dominantes del último ciclo provinieron principalmente del progresismo. Hoy gobiernan sus adversarios. Aunque esta nueva administración se distingue, entre otras cosas, por su aproximación territorial, el poder genera una cámara de eco que llena de sesgos su ejercicio. La aproximación territorial fue una de sus fortalezas de campaña, pero no basta con haberla tenido ahí: si se la abandona —como suele ocurrir cuando un gobierno se acomoda—, se habrá perdido una parte esencial de su conexión con la ciudadanía y de su capacidad para observar lo que ocurre en los rincones más apartados de Chile.