Ya anunciado el gabinete que a partir del 11 de marzo acompañará al Presidente Kast, los ojos se han volcado principalmente en los nuevos titulares de Seguridad, Interior, Hacienda y Economía. Esto tiene sentido debido al diseño planteado en campaña, según el cual el próximo gobierno debía ser uno de “emergencia”, con énfasis en recobrar la seguridad y el crecimiento económico. Sin embargo, es bueno comenzar a pensar también cómo ese diseño original empieza a dotarse de contenido, pues varias de las prioridades fijadas deben complementarse con una serie de agendas que permitirán darles respuesta. En ese sentido, convendría poner en el horizonte la justicia, y específicamente el desafío de corregir las falencias que han quedado en evidencia los últimos años. Mientras de la mano de la delincuencia aumenta la demanda por una acción judicial eficaz, crece también el riesgo de intervención de ese poder, así como las limitaciones de una institucionalidad en jaque por un nuevo contexto. Así, la justicia termina siendo fuente de aún más frustración ciudadana, ante la sensación de impotencia frente al avance del delito. Es en ese sentido que el gobierno de emergencia debe atender esta materia: la crisis de la justicia es la contracara de la crisis de seguridad.

El diagnóstico de la última encuesta anual de satisfacción del Poder Judicial –respondida por más de cuatro mil usuarios– fue categórico: la ciudadanía percibe al sistema como lento, distante y, en algunos casos, carente de integridad. Otras cifras recientes confirman esa tendencia. Según la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2025, los tribunales de justicia y el Ministerio Público se encuentran entre las instituciones con menor nivel de confianza —16% y 17%, respectivamente—, y entre las que exhiben mayor percepción de corrupción, solo por detrás del Congreso Nacional y el gobierno. Fenómenos como la corrupción, inaccesibilidad y sensación de impunidad no son episodios aislados, sino manifestaciones de un modelo judicial en que persisten estructuras rígidas, escasa rendición de cuentas y una relación cada vez más tensa entre los jueces y la política.

Esta desafección ciudadana tiene raíces profundas. Como advertía hace casi dos décadas el jurista Eduardo Aldunate, “nuestro modelo de organización judicial, inclusive el diseño de gobierno judicial, no ha sido objeto de reflexión consciente en ningún momento de nuestra historia”. En efecto, desde los inicios del Estado moderno, la teoría política relegó al poder judicial a un rol mecánico y secundario, a pesar de la relación directa y cotidiana que tiene con las personas. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, su arquitectura institucional no estuvo nunca al centro del debate público. Hasta hoy ese vacío reflexivo persiste, más allá de las propuestas transversales que existieron en el marco de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional que funcionaron el 2023, y recientes iniciativas parlamentarias que ha costado hacer avanzar.

En efecto, son pocas las “ventanas” para discutir temas tan técnicos y complejos como este, que durante décadas –si no siglos– han estado lejos de ser prioritarios para la política y la ciudadanía. Hoy, en el marco de una profunda crisis y con escándalos relativos al Poder Judicial llenando los titulares de noticias todas las semanas, se ha abierto un espacio para discutir en serio y enfrentar el legítimo malestar ciudadano. Es cierto que algo se ha aprovechado de hacer en este tiempo. Durante el último año se han promulgado dos normas que constituyen avances significativos para hacer frente a los problemas de la justicia: la reforma al sistema notarial y registral, sumado a la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Pero ahora se deben implementar bien y avanzar en otras aristas de la crisis que quedan pendientes: la reforma al gobierno judicial y al sistema de nombramientos judiciales, la reforma procesal civil, y una eventual reforma al sistema penal.

Sacar adelante dichos proyectos que se encuentran en distintos estados de tramitación en el Congreso (algunos dormidos hace años, otros avanzando a paso lento) requiere no solo voluntad política y determinación de parte del Congreso. Es crucial que el ministro de Justicia sea capaz de buscar consensos políticos, apoyo de los expertos y de los gremios judiciales para mejorar e impulsar dichas reformas. Diversos centros de estudios y académicos han mostrado compromiso respecto de la causa por una mejor justicia para Chile. Por mencionar algunos, el Instituto de Estudios de la Sociedad publicó hace unos meses el documento “Sistema judicial y percepción ciudadana”; el centro Reformas a la Justicia de la UC (que integra el exministro Hernán Larraín) elabora periódicamente documentos de seguimiento legislativo y propuestas en la materia; el Observatorio Judicial hace un gran trabajo en socializar información compleja en diversos medios; y, recientemente el Centro de Estudios Públicos publicó un documento en el cual Sebastián Soto y Trinidad Pacareu comentan de manera exhaustiva el proyecto de ley que reforma el gobierno judicial y crea una comisión de nombramientos.

El nuevo ministro de Justicia, Fernando Rabat, y quien suena como su subsecretario Luis Alejandro Silva tienen una enorme tarea por delante, para la cual hay personas dentro y fuera del Congreso dispuestas a colaborar y a las que deberán saber escuchar y aprovechar. Tienen también un momento idóneo para emprender esta misión. Habrá que ver si se persuaden de su estatus de emergencia.