Son semanas difíciles para la educación chilena. Se trata de una crisis profunda, frente a la cual es difícil saber siquiera por dónde partir. Sin embargo, el gobierno ha dado una buena señal al presentar dos proyectos de ley que introducen reformas a varios cuerpos legales en materia educacional, además del Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero dada la magnitud y las múltiples dimensiones de la crisis -y lo polarizada que promete ser la discusión parlamentaria- conviene detenerse en sus distintas dimensiones y las variadas perspectivas desde las que pueden esbozar soluciones. Algunas están contenidas en el proyecto del gobierno, pero otras parecen estar fuera del horizonte inmediato que rige nuestra política en general.

Lo primero es sugerir distinguir entre los tipos de violencia que están ocurriendo en algunos colegios, donde aparecen al menos dos. El primer tipo podríamos presentarlo como violencia ideológicamente cargada, azuzada por adultos y dirigentes políticos, que parece circunscrita, a nivel secundario, a los liceos emblemáticos, aunque alcanza eventualmente a las universidades: va desde tomas, capuchas y molotov, hasta agresiones con motivación política, como aquella de la que fue víctima la ministra Ximena Lincolao. El segundo tipo podríamos denominarlo violencia “corriente”, y que abarca al resto de establecimientos escolares, ya no por motivación política radicalizada, sino por efecto de una serie de otros factores, vinculados a contextos precarios de origen, las redes sociales, impacto de la pandemia o las drogas y el narcotráfico. Esta violencia, menos vistosa, es la que probablemente está más extendida a lo largo del país, y compromete severamente la convivencia al interior de las escuelas. Tal vez en este segundo tipo se encuentra el caso límite del asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en Calama tras un ataque con armas blancas.

Aunque ambas formas de violencia responden a una crisis más profunda de anomia, sus singularidades deben ser advertidas, pues requieren probablemente de enfoques diferentes. Además, distinguirlas no impide valorar la respuesta de orden más punitivo empujada por el gobierno a esta hora, orientada al control del ingreso de armas o artefactos peligrosos en los colegios o el castigo de conductas delictuales, en el marco del proyecto de ley “Escuelas protegidas”. Es más, no parece absurdo, aunque esto moleste a la Confech, que se plantee la ampliación de esta iniciativa a las universidades, de manera acorde lógicamente a cada contexto. Si acaso escuelas y universidades se están volviendo lugares que no pueden garantizar la seguridad básica de quienes están en su interior, es razonable y necesario que se propongan leyes y acciones orientadas a contener una crisis de esa naturaleza. Con todo, lo que no debe olvidarse, es que la respuesta punitiva es apenas una entre tantas, y de efecto acotado. Una crisis de esta magnitud tiene, además de la dimensión de seguridad, causas multidimensionales que han favorecido un ethos de anomia que se expresa en las distintas formas de violencia a las que hemos estado asistiendo. De ella surgen los problemas de convivencia en las escuelas que luego degeneran en violencia, incluso en violencia política. Y el camino a seguir aquí es menos claro y de largo aliento.

Dada la magnitud de esta crisis es muy probable que el proyecto presentado por el gobierno sea aprobado en el Congreso; en efecto, el oficialismo sólo requiere de un par de votos extra para ello. No obstante, y a propósito de las acusaciones por “fuego amigo” a parlamentarios de centroderecha que se han abierto a introducir cambios para concitar mayor apoyo político, el Congreso tiene el deber de ir más allá y no tranquilizarse con aprobar sin más un proyecto porque este sea popular. La labor de los representantes no se reduce a transformar las opiniones de la población en políticas públicas. En la situación que nos encontramos es natural que la ciudadanía pida más punitivismo, pero el político debe ponderar y mediar estos anhelos para dar respuestas integrales a la crisis. Los proyectos efectistas no necesariamente son útiles en la práctica, a veces sólo cargan aún más la mano a las precarias estructuras de los colegios y exponen a los profesores a procedimientos que pueden terminar mermando su propia seguridad (como ocurrió en Calama). En otras palabras, se enfocan en los casos más graves y mediáticos, y se vuelven ciegos a las otras dimensiones que explican la crisis, así como a las distintas violencias que atraviesan a la educación y que aquí intentamos esbozar.

Existen iniciativas menos llamativas, pero igualmente importantes. Por ejemplo, a principios del año 2020 los senadores Francisco Chahuán y Carmen Gloria Aravena presentaron un proyecto de reforma al artículo 2.321 del Código Civil para ampliar los restrictivos requisitos que este establece para perseguir la responsabilidad civil de los padres respecto a los daños causados por ilícitos cometidos por sus hijos. Sin embargo, el proyecto fue archivado en 2024 debido a la falta de movimiento legislativo. La iniciativa cubría una dimensión fundamental en la discusión sobre violencia, relativa al rol de los padres, que sin embargo suele ser olvidada. A pesar de ello, fue abandonada como ocurre tan a menudo con proyectos valiosos que, por razones de otro orden, quedan parados. Es ese tipo de esfuerzos el que también hay que empezar a dibujar, que no reemplacen, pero sí complementen las medidas urgentes.

En vez de trasladar la batalla campal que se está viviendo en colegios y universidades, el gobierno y los parlamentarios oficialistas deben evitar actitudes maniqueas, emplazamientos mutuos y simplificaciones fáciles del debate. Una crisis de esta magnitud requiere la máxima seriedad.