Actualmente se discute en el Senado un proyecto de ley que busca regular la actividad de las casas de apuestas en línea. Quienes lo apoyan esgrimen que se trata de una opción realista ante la supuesta imposibilidad de hacer efectiva la prohibición legal vigente (prohibición que, por cierto, es perfectible). Surge entonces la pregunta: ¿es cierto que el Estado no tiene herramientas suficientes para perseguir a estas casas de apuestas online?

En un reciente fallo del 7 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció un protocolo que obliga a los proveedores de internet a bloquear los sitios de apuestas en línea. Esta resolución permitiría materializar dos sentencias de la Corte Suprema (2023 y 2025) que ya habían ordenado dicho bloqueo, considerando la ilegalidad de la actividad. Por su parte, en julio de este año el Servicio de Impuestos Internos (SII) dictó una resolución que le permite recaudar el IVA proveniente de este tipo de actividades, incluso contra la voluntad de las plataformas.

Aunque la resolución del SII es errada (por motivos que exceden esta columna), tiene algo en común con la sentencia de la Corte de Apelaciones: ambas muestran que es posible rastrear las plataformas de apuestas online, e incluso interceptar el dinero producto de estas transacciones y bloquear sus dominios. Dicho de otro modo, la prohibición legal vigente se puede hacer valer. La cuestión es otra: si el Estado está dispuesto o no a desplegar las herramientas que posee para eso. 

Para que el Estado se tome en serio esa necesidad -mejorar y materializar la prohibición-, debe primero convencerse de la gravedad del fenómeno: uno que causa adicción, aumento de la violencia intrafamiliar, del sobreendeudamiento, de la pérdida de empleo, de la ideación suicida y de los suicidios. Esta es una realidad que crece con la regulación (según muestran, por ejemplo, los casos de Estados Unidos y Países Bajos), incluso aunque sea una “ley restrictiva”: el negocio está justamente en los “jugadores problemáticos”. Un estudio reciente de la Journal of Business Research muestra que el 80% de los ingresos de las apuestas deportivas viene aproximadamente del 5% de los jugadores. O sea, sin los jugadores de “alta intensidad” la industria no se sostiene. 

Lógicamente, perfeccionar la prohibición y la fiscalización no significa que las apuestas online desaparezcan como por arte de magia. El punto es si nuestro sistema político optará por un intento imperfecto de erradicar tanto como sea posible esta actividad, o por un intento exitoso de normalizar -mediante un proyecto particularmente permisivo- una actividad económica que vive de la desgracia ajena.