La crisis del Poder Judicial tiene varias explicaciones posibles. Una de ellas –la que más se ha comentado en los últimos días– está relacionada con la corrupción, el tráfico de influencias y la falta de transparencia de algunos funcionarios públicos. Con independencia de que aún falta por saber y de que deben cumplirse las correspondientes etapas procesales, es evidente que el “Caso Audios” ha revelado una red de favores y amiguismos que se alejan de cualquier estándar mínimo de probidad. A fin de cuentas, lo que ha mostrado esta última polémica es que la vida común inevitablemente requiere de personas que busquen hacer el bien –que cuenten con al menos un puñado de virtudes cívicas– y no solo favorecer sus propios intereses; sin eso, no hay diseño institucional que aguante.  

Sin perjuicio de lo anterior, también hay otras explicaciones complementarias que guardan relación con la naturaleza propia de la labor judicial. En muchas ocasiones, se suele pensar que el poder judicial debiera ser un conjunto de tribunales y cortes imparciales e independientes que resuelven considerando solo los hechos de las causas y las leyes a aplicar. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Los jueces son personas, y como personas también están influidos por el ambiente y lo que pasa alrededor de ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay abundante evidencia que sugiere que los jueces de la Corte Suprema toman sus decisiones teniendo en cuenta la ley, pero también su propia ideología, sus preferencias personales, las de otros actores, y ciertas consideraciones estratégicas. Todo esto influenciado y mediado por su temperamento, experiencia, ambición laboral y una serie de otros factores personales. 

Esto es importante, pues si consideramos que los jueces están inmersos en un entorno que los condiciona podemos comprender mejor la relación entre ellos y la política y aspirar a una relación virtuosa, pero no ingenua, entre ambos niveles. Desde luego, la independencia y la imparcialidad judicial son los objetivos que debemos priorizar al momento de pensar en reformas a las cortes y a los tribunales. Sin embargo, también existen distintos modos de entender estos objetivos. Por ejemplo, Daniel Brinks, académico de la Universidad de Texas, ha sugerido que la independencia judicial no implica la falta de intereses políticos en el Poder Judicial, ya que eso es prácticamente imposible, en la medida en que todas las personas tienen tendencias y opiniones. Según él, lo que define la independencia judicial es la ausencia de control unilateral por parte de una coalición política específica, tanto en el momento del diseño institucional de los tribunales y cortes como en su implementación. De este modo, mientras más amplia sea la coalición que construye o reforma el Poder Judicial, mayor será la probabilidad de que las cortes cuenten con diseños institucionales adecuados.

Algo similar ocurre con el objetivo de la imparcialidad judicial. Todos queremos cortes que sean imparciales, pero hay que preguntarse qué significa esa imparcialidad en concreto. En teoría, y como sugieren James Madison y Alexander Hamilton en El Federalista, las cortes son instituciones que deberían servir de contrapeso para proteger a las minorías de la tiranía de las mayorías. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que las cortes han actuado de modo diferente. Por ejemplo, Ran Hirschl, académico de la Universidad de Toronto, ha sugerido que en casos como los de Israel, México y Nueva Zelanda las élites políticas y económicas les han otorgado poder a las cortes precisamente para proteger sus agendas y preservar el estatus quo. Así, el activismo judicial tan celebrado por estos lares sería en ciertas ocasiones un mecanismo para perpetuar los intereses de los grupos dominantes que tanto se desprecian. 

Reformar el Poder Judicial implica tener en consideración estas y otras perspectivas institucionales. La situación es tan grave y compleja que la tentación de pensar que las soluciones son blanco y negro son bastante altas. Acá hay muchos grises y debemos definir varias cosas antes de tomar decisiones definitivas, sobre todo respecto de un poder judicial como el chileno que requiere reformas importantes postergadas durante décadas. La tarea es ardua, pero indispensable si queremos un sistema de justicia que esté a la altura de las expectativas y necesidades de la ciudadanía.