La toma de varios colegios en Santiago constituye el último episodio de lo que parece ser una historia sin fin. Es cierto que, desalojo mediante, este nuevo episodio está en pausa. Pero las raíces del problema son extremadamente hondas. Instigados por redes de apoderados y tolerados por sucesivas autoridades, un par de cientos de estudiantes ha puesto en jaque las oportunidades de aprendizaje de miles de otros, perturbando además la vida de los vecinos. Esta vez no tocaron 'salidas incendiarias' ni lluvias de molotov, pero la violencia contra los transeúntes y la propiedad pública no puede ser tolerada en grado alguno.

La gravedad de los hechos contrasta, sin embargo, con la reacción de La Moneda. Consultada, la ministra Vallejo ha pedido 'espacios de conversación y diálogo para resolver estos problemas'. Sus palabras recuerdan la respuesta de Mario Aguilar ante el bullado caso de María Música, al inicio de esta debacle: pedía que las sanciones se dieran dentro de un 'marco pedagógico'. Este género de comentario solo revela lo intratable que este problema resulta para las fuerzas que nos gobiernan. ¿Por qué les resulta tan intratable? Al menos tres razones entrelazadas saltan a la vista. En primer lugar, están las esperanzas mismas depositadas en la educación. Por décadas se ha recargado a la educación de toda clase de expectativas, algunas completamente desmesuradas. La educación iba a transformar la sociedad y así erradicar toda violencia.

Esta es una mirada de las cosas poco apta para informar genuinos actos de enseñanza, pero bien apta para inflamar las pasiones y tomar por asalto todo obstáculo al propio proyecto. Detener la violencia pasa en parte por una vuelta al pensar sobrio respecto de la educación. En segundo lugar, está la propia relación ambigua con la violencia, que desde 2011acompañó a las marchas en torno a la educación. Es cierto que quienes hoy nos gobiernan rechazaban esa violencia como fruto de la infiltración. Pero de paso la trataban como algo menor por comparación con la 'violencia estructural' que decían combatir. Hoy no se acude a esa retórica, pero al no haberla sometido a autocrítica tienden a quedar fuera de juego. Por último, está la ilusión de que se comparte ideales nobles con los jóvenes que hoy protestan. Esta es una ilusión que más vale dejar de lado. Aquí no hay lucha por la educación, sino alumnos radicalizados por quienes los usan como carne de cañón. No hay una comunidad educativa con la cual establecer un diálogo, sino un aparato de radicalización a desmantelar. Para desmantelarlo, sin embargo, hay que dejar de creer que el radicalismo estudiantil es de suyo una fuerza redentora. En rigor, es lo contrario.