En los últimos días, el complejo debate sobre pensiones ha generado recriminaciones cruzadas entre dos bandos dentro de la derecha: por un lado, aquellos que expresan reparos al eventual acuerdo con el Gobierno, y por otro, quienes impulsan y defienden la aprobación del mismo. No obstante, el fuerte intercambio e incluso las descalificaciones han impedido discutir con seriedad algunos aspectos sistémicos que la reforma podría afectar en un futuro no tan próximo.

Desde luego, ambos sectores han presentado argumentos políticos válidos que merecen ser escuchados. Pero en lo técnico todavía parece haber un aspecto crucial para el éxito de la reforma que, hasta donde sabemos, ha recibido poca atención: la situación crítica del mercado laboral. En efecto, Chile enfrenta la crisis de informalidad y desempleo más grave de las últimas décadas, y pocos han propuesto reformas orientadas a fomentar la formalización del empleo. La situación es compleja, ya que, como bien sabe un amplio espectro político, la única forma sostenible de aumentar las pensiones es subiendo los puntos de cotización. Esta reforma cumple con esa advertencia, aunque quizás en exceso al aumentar la cotización en un 60%.  

Pongamos el argumento anterior en términos más explícitos. Hoy, a un trabajador dependiente se le descuenta en imposiciones de entre un 21 a un 23% de su sueldo. Si se aprueba la reforma según los términos en que hasta ahora se ha discutido, en seis años ese mismo trabajador sufrirá un descuento cercano al 27 o 30% de su salario. Al aplicar este nuevo porcentaje al sueldo mínimo actual -que, debe decirse, de todas maneras, aumentará en ese tiempo-, el mismo trabajador dependiente tendrá que vivir mes a mes con 355.000 pesos. Este simple ejemplo ilustra cómo los incentivos para muchos trabajadores serían salarios más bajos, pudiendo empujarlos a la informalidad o al descontento hacia el nuevo sistema. En ese posible escenario, si desertan del sistema las personas con salarios más bajos, no es tan descabellado pensar que en unos años resurja la idea de promover un sistema de reparto financiado por las personas con mejores salarios que se mantendrán cotizando. Por estos y otros motivos, el economista David Bravo dijo hace algunos meses que, dado el escenario, la gradualidad propuesta por el Gobierno para aumentar la cotización no era “viable”. 

A lo anterior se debe sumar otro aspecto que también ha sido omitido en el debate: las Pymes. Mientras la Sofofa ha llamado a buscar un acuerdo en pensiones -y, por cierto, a reducir el impuesto corporativo-, las Pymes parecen haber quedado al margen de la discusión. De hecho, a principios de año, el presidente de Conapyme lamentaba el no haber sido considerados en este proceso. Esta exclusión no es menor si se tiene presente que las Pymes aportan casi el 40% de los empleos formales del país. En ese sentido, el aumento de las cotizaciones tendrá a la larga probablemente dos efectos: o las empresas trasladarán el costo de la nueva cotización al trabajador -dado el nulo crecimiento económico, esta será la opción más probable- o trasladarán el costo a sus productos, aumentando a la larga el costo de la vida. 

La reforma es de vital relevancia, pero en la política también influyen los tiempos. Aumentar las cotizaciones en un mercado laboral en crisis y sin crecimiento puede convertirse en un círculo vicioso, pues los sistemas previsionales dependen de los mercados de trabajo y no al revés. La reforma parece estar pensada para una clase media que cotiza con trabajos formales superiores a 550.000 -la mediana del país-, pero se olvida de aumentar los incentivos para solucionar la falla más grande del sistema: el creciente número de trabajadores que prefieren no cotizar. La reforma, en efecto, aumentará los montos de quienes cotizan, pero todo el resto deberá confiar en la PGU, cuya carga fiscal se eleva año a año. Es probable que gran parte de la presión para alcanzar un acuerdo rápido se deba al objetivo de aumentar las bajas pensiones en Chile. Pero también podría interpretarse que detrás también se encuentra un intento por configurar la necesaria gobernabilidad de un posible gobierno de centroderecha. Con eso en mente, ¿es posible llevar a cabo un gobierno exitoso con un mercado laboral cada vez más precarizado?

Reducción de jornada laboral a 40 horas, aumento repentino de sueldo mínimo y un probable incremento del 6% de cotización. Chile no crece, pero sus políticos creen poder hacerlo crecer a la fuerza.