El lenguaje e imaginario frenteamplista volvieron a hacer noticia esta semana. Como ocurrió con la polémica veraniega por las caletas con “perspectiva de género”, ahora la discusión sobre la ley de pesca quedó reducida a la defensa que hizo el diputado Jorge Brito de los animales acuáticos como seres “sintientes”, cuyo “estado físico y mental” debe ser resguardado en tanto serían “sujetos de consideración moral y respeto”. La oportunidad para tener un debate respecto de las formas de producción y extracción de recursos y del trato de los animales que ellas muchas veces implican, fue desechada con una terminología que lleva las cosas hasta el absurdo. Esto es tan claro, que las reacciones molestas ante las indicaciones del parlamentario no se redujeron a sus adversarios, sino que involucraron expresamente al oficialismo. Diputados como Tomás de Rementería o Diego Ibáñez lamentaron una propuesta que se prestaba a “ridiculizaciones” y que “no representa al Frente Amplio”. El único apoyo fue el de la Fundación Veg, cuya directora había estado pocos días antes en el Congreso, interpelando a los representantes con una pregunta pretendidamente provocadora: “¿qué tan consciente puede ser un pez?”, afirmó. 

Ahora bien, la distancia de los compañeros de Brito es comprensible, pero difícil de sostener. Por más exageradas que quieran presentarlas, esas indicaciones descansan en premisas y argumentos compartidos por todo un mundo, que hemos visto en el debate político y que circula de manera profusa en redes sociales. Basta recordar la propuesta de la Convención en el primer proceso constituyente, que presentaba justamente a los animales como seres “sintientes”. Se trata de una definición a la que muchos podrían adherir. El problema es que, al referir a ese estatus –la capacidad de sentir–, el objetivo no es solo establecer un criterio para limitar y condenar (con razón) el maltrato animal, sino para derivar de ello exigencias y condiciones equivalentes a las que damos a las personas. En concreto, se busca volverlos sujetos de derecho: esa es la vinculación fundamental. Por más que la burla se quede en los adjetivos con los que se describe al animal, pues desafía las convicciones más elementales del sentido común –los peces, en palabras de la directora de la Fundación Veg, serían atrevidos o tímidos, e incluso algunos de ellos habrían aprendido a jugar fútbol–, lo más radical del argumento es cómo la constatación del sufrimiento efectivo de un ser distinto al humano puede (y debe) implicar que ellos sean tratados en los mismos términos.

El razonamiento es digno de analizar, pues revela algunas de las dificultades de nuestro tiempo. Y es que hemos ido reduciendo progresivamente los modelos disponibles para justificar lo que vale y debe cuidarse, así como el tipo de lenguaje en que ello tiene que formularse. Esto no se restringe exclusivamente al debate sobre el mundo animal. Es cosa de mirar lo que pasa en cuestiones relativas a la infancia: al constatar la vulnerabilidad de los niños, solo sabemos reclamar su autonomía. Del mismo modo, y como trajo a colación el diputado Brito, al reconocer la precariedad a la que están expuestos los seres vivos (muchas veces por nuestra propia acción) no sabemos hacer otra cosa que equipararlos a nosotros. De este modo, no se logra dar nunca con la particularidad de aquello que intentamos proteger, impidiendo encontrar el modo adecuado de asegurar ese objetivo (¿cómo cuidamos a un niño tratándolo igual que a un adulto?) y empobreciendo las referencias respecto de las vidas y etapas dignas de vivir y resguardar. Eso es lo que expone al ridículo al diputado Brito y al mundo que comparte sus premisas: no el conmoverse con el sufrimiento animal (y buscar limitarlo), sino la incapacidad para afirmar su diferencia y en función de ella exigir su consideración y cuidado.