La designación de Diego Vela como miembro del equipo que nos representa ante la OCDE ha sido recibida ante todo con críticas al amiguismo reinante. La promesa de un gobierno sin pitutos ha sido una vez más defraudada, y un amigo del presidente reemplaza en un cargo importante a una persona competente. Pero se trata además de un cargo cuya remuneración es a todas luces excesiva, excediendo la de un ministro. No es solo que el Estado se use como botín, sino que se revela una vez más el grado de derroche que hay en algunos campos del actuar estatal. 

Este fenómeno también tiene, claro está, expresiones que no pasan por altas remuneraciones. Tomemos, por ejemplo, las enormes cifras de ausentismo laboral en el aparato público. El 2022 esa cifra llegó a 35 días al año, 28 de los cuales corresponden a licencias médicas. Como se ha hecho notar, esto equivale en promedio a un mes de trabajo perdido por cada funcionario. Según el informe de OCEC UDP de ese año, las licencias por trabajador dependiente en el sector público llegaron a triplicar las de dependientes del sector privado. No debe enlodarse a justos por pecadores, por cierto, pero ocurre además que el número de licencias falsas clama al cielo.

Cada uno a su modo, estos hechos nos hablan de lujos que Chile no se puede dar. Se trata de prácticas injustas contra los funcionarios que hacen bien su trabajo, y se trata a la vez de un abuso contra la ciudadanía. A estos botones de muestra puede obviamente añadirse la pregunta más general por el crecimiento del empleo público. ¿Y qué decir de aquellos programas estatales que no solo carecen de justificación razonable, sino que derechamente se reducen a ser instancias de propaganda y activismo financiado con los recursos de todos?

Al considerar estos hechos no cabe sino lamentar lo difícil que sigue siendo priorizar de modo transversal una agenda seria de modernización del Estado. Pero también cabe levantar una pregunta crítica respecto de la ausencia de proyecto por parte de la derecha. Después de todo, no hace mucho tiempo que preocupaciones como esta formaban algo así como su mínimo común denominador. Es cierto que era tosca para formularlo –el lenguaje de la “grasa estatal” muchas veces revelaba desprecio e incomprensión de lo público–, pero al menos había ahí alguna visión que, como oposición o gobierno, podía orientarla como conjunto. Bien formulada, esta preocupación entroncaría hoy de manera natural con una agenda antiabusos que a la ciudadanía le haría mucho sentido. Que ni siquiera eso logre ser articulado dice mucho de cuán lejos está de ofrecer al país una hoja de ruta a la altura de las circunstancias.