Luego de revelarse el pago de un sueldo de 17 millones por un contrato de 22 horas con la Universidad San Sebastián, Marcela Cubillos ha decidido defenderse presentando la polémica como una ofensiva de la izquierda. Esta última habría encontrado una nueva ocasión para acorralar al mundo privado del que siempre ha recelado: “es lo mismo que trató de hacer el octubrismo en la Convención: que, porque haya recursos públicos en las universidades, ellos puedan tomarlas por asalto”, afirmó. En su estrategia, la candidata a la alcaldía de Las Condes se erige de paso como símbolo de la custodia de la libertad amenazada: “quien crea que hoy día puede mirar desde el palco porque es otra persona la afectada, que después no lloremos porque no somos capaces, en este minuto, de defender la libertad”. 

La estrategia descansa en hipótesis que tienen asidero. Basta ver cómo parte de la izquierda ha mostrado rápidamente la vigencia de sus prejuicios, explicitando su identificación de lo privado con el abuso y la arbitrariedad. Todo esto con un tono moralizante característico del sector, leído por muchos como impostura, pues no se reacciona con la misma indignación con el amiguismo y los sueldos injustificados del propio entorno. Hoy son pocos los políticos libres de pecado, y cuesta por tanto dar credibilidad a quien intenta erigirse como modelo. Esto se confirma al constatar que más que indignación, lo que hay es regodeo entre quienes miran de lejos el espectáculo de estos días, como prueba el frívolo tuit de Giorgio Jackson con la imagen de un hombre comiendo cabritas divertido con un show del que, sin embargo, difícilmente se pueden sacar cuentas alegres.

Pero esto no ha sido en primer lugar una ofensiva de la izquierda (aunque por cierto saque provecho), sino que salió a la luz un monto desproporcionado que podría, fundadamente, indignar no al oficialismo, sino a la ciudadanía. Marcela Cubillos no debe entonces responder al emplazamiento de la izquierda, sino ante la gente común (también sus estudiantes y pares académicos) que, sin querer asaltar universidades ni pretender que el Estado las intervenga, podría cuestionar ese sueldo, tanto por la cifra como por el tipo de prácticas que podrían explicarlo. Pero Cubillos no parece haberse planteado esta pregunta, y en lugar de entregar tal justificación, remite a la legítima facultad de una institución privada para fijar sus remuneraciones o a que rostros de televisión reciben también sueldos millonarios. No es claro si la candidata es consciente de las implicancias de su argumentación, pero vale la pena advertirlas. La autonomía de la sociedad civil no exime de dar cuenta de la razonabilidad de sus procedimientos, ni menos aún de contar con criterios éticos que orienten su acción. Cubillos le regala así a la izquierda una prueba de sus peores hipótesis: que, por su autonomía, los privados pueden hacer lo que se les plazca. Esto no es cierto para la sociedad civil en general, pero lo es aún menos para una universidad: un tipo de comunidad singular que, por su naturaleza y vocación, exige obligaciones y límites distintos. Recordar esto es fundamental para contener justamente a quienes quieren pasar por encima de ella. 

Pero la argumentación de Cubillos tiene un problema más profundo, y es que parece suponer que la peor versión del adversario libera de la pregunta por la corrección de tu propio obrar. Y si entramos en esa cancha, el camino puede ser sin retorno, pues solo quedará espacio para denuncias recíprocas entre figuras a quienes solo moviliza la lucha por el poder. Marcela Cubillos y quienes la secundan no han iniciado esta dinámica, pero sí la profundizan, desprestigiando aún más una política con la cual la sociedad está suficientemente enojada. Si acaso su vocación política es honesta, debiera estar preocupada no solo de que vuelva a triunfar el octubrismo, sino de no sumarse al progresivo deterioro de nuestra convivencia, justo cuando más necesitamos de la política. Porque mientras esta lamentable polémica copa la discusión pública, vuelven a morir niños en una nueva balacera en los barrios más abandonados de nuestra capital.