Hoy se cumplen siete años desde el 18 de octubre de 2019. En principio, siete años es un plazo razonable para haber aprendido algunas lecciones del caso. El momento ya pasó, y la energía del estallido se diluyó (por más que el diputado Bassa intente persuadirnos de lo contrario). Sin embargo, las enseñanzas han sido más bien escasas. En general, los actores prefieren eludir el tema, como si algo les avergonzara. O, más precisamente, como si no tuvieran el coraje de mirar todo lo que ocurrió en esas semanas duras y agitadas.

En primer término, existe una derecha que insiste en llamarlo “estallido delictual”. Fue tan ciega y fuerte la violencia que —piensan— no cabe otra expresión. Con todo, reducir el estallido a esa dimensión es perder de vista lo más relevante. Es evidente que el nivel de destrucción fue inédito, pero lo verdaderamente llamativo del estallido no fue tanto la violencia como el modo en que un porcentaje importante de chilenos avaló, con distintos grados de intensidad, esa violencia. Dicho de otro modo, la violencia operó como catalizadora de un fenómeno que estaba allí, más o menos latente. Este es el motivo en virtud del cual el gobierno de Sebastián Piñera quedó con tan pocos recursos políticos y discursivos: si el país había crecido, si mostraba buenos índices, ¿cómo explicar que, al mismo tiempo, se hubiera acumulado tal nivel de frustración?

Esta es una pregunta que las derechas no pueden dejar de formular, si quieren proyectarse hacia el futuro. La seguridad y la economía se volvieron prioridad, por muy buenos motivos, pero eso no implica que los restantes niveles de nuestra crisis hayan desaparecido. En estricto rigor, las derechas deberían ser más conscientes que nunca de un hecho elemental: un triunfo electoral, por más rotundo que sea, no equivale mecánicamente a una hegemonía social. ¿Qué tanto han reflexionado el Presidente y su entorno sobre todo esto? ¿Qué diagnóstico tienen del país que recibieron y de las crisis que hemos vivido en la última década? ¿Cuál es el proyecto que emerge a partir de ellas? En estas materias, el silencio no es siempre el mejor consejero.

Ahora bien, es obvio que las izquierdas también tienen tareas pendientes. En efecto, octubre de 2019 reveló su peor rostro: mostraron un compromiso muy limitado con la democracia. La democracia se funda en una premisa muy simple: nuestras diferencias se resuelven mediante ciertas reglas, reglas que excluyen el uso de la violencia y las situaciones “de hecho”. Si se quiere, las instituciones democráticas son incompatibles con la fuerza desnuda de lo fáctico. Por supuesto, esto no quita que esas instituciones deban representar efectivamente a la sociedad si quieren poseer legitimidad, pero no hay institución que soporte el contraste con el mero hecho. Pues bien, la actitud de una porción significativa de la oposición de la época fue apostar a sacar provecho de la violencia, a usarla en su propio favor. Para decirlo en simple: si hay algunas agendas que no hemos podido impulsar por la vía institucional, entonces vamos por la violencia.

Esto queda claro en la declaración del 12 de noviembre, suscrita por todos los partidos de oposición, donde se dice explícitamente que “la vía de los hechos” estableció un proceso constituyente. En el fondo, se pusieron al margen de las instituciones que habían jurado defender (y por ese motivo eluden hablar del asunto). De allí el esfuerzo deliberado por derrocar a un Presidente de la República electo democráticamente; de allí que incluso se haya hablado de dictadura. Toda la discusión sobre el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos tenía un solo objetivo: mostrar que ya no estábamos viviendo en democracia y que, por tanto, los medios para combatir al gobierno habían cambiado. Las izquierdas están muy atentas para advertir y denunciar —con la velocidad de Lucky Luke— los riesgos iliberales cuando vienen desde la derecha, pero están menos apresuradas para examinar su propia actitud cuando nuestro régimen estuvo, literalmente, al borde del precipicio. La principal amenaza a nuestras instituciones, en las últimas décadas, no vino desde la derecha, y nadie debería olvidar ese dato.

Construir la nueva democracia chilena fue un proceso lento y difícil, que tomó tiempo, y requirió la participación de nuestros mejores talentos. Desde luego, era —y es— un régimen plagado de fallas y de aspectos por perfeccionar. Sin embargo, es preferible a cualquiera de las alternativas disponibles. ¿Por qué tantos estuvieron dispuestos a echarla por la borda? ¿Por qué fueron tan pocos los dispuestos a defenderla contra quienes querían destruir décadas de trabajo conjunto? Las convicciones no se prueban en tiempos normales, sino en tiempos de crisis, precisamente cuando es más costoso defenderlas. La interrogante que surge es si acaso el 18 de octubre —y todo lo que siguió— ha servido para aprender esa lección. Identificar las causas del acontecimiento, así como los errores cometidos, resulta fundamental si acaso queremos comprender el presente. Al fin y al cabo, el 18 de octubre cerró definitivamente la transición, pero no sabemos bien qué ciclo abrió. Hacer como si nada hubiera ocurrido es un lujo que, tarde o temprano, nos costará caro: guste o no, el pasado siempre vuelve por sus fueros.