Los numerosos casos de corrupción en las altas esferas del poder destapados en los últimos meses han llevado a muchos a enfocar exclusivamente ahí su análisis sobre las posibles relaciones entre el crimen organizado y la política. De este modo, la atención se centra en ministros, jueces, fiscales, diputados y senadores.

Sin embargo, olvidamos que las dinámicas del narcotráfico y del crimen organizado tienden a ser eminentemente locales. Esto implica que, en muchas ocasiones, las bandas criminales no necesitan corromper a las autoridades de más alto nivel para operar y hacer sus negocios. Basta con influir sobre concejales, encargados de alguna oficina municipal e incluso funcionarios de seguridad ciudadana. Al final, los criminales buscan tranquilidad para llevar a cabo sus negocios y ofrecer sus “servicios” a la población. Para ello, necesitan mantener al aparato estatal alejado o, en algunos casos, trabajar bajo su supervisión. En muchas áreas donde estas bandas operan, el único vestigio del Estado son las municipalidades, y logrando controlar a algunos de sus funcionarios, aseguran buena parte del negocio.

La situación se torna aún más preocupante si consideramos que los municipios suelen ser instituciones con escasa fiscalización por parte del poder central, donde corromper a un funcionario no resulta especialmente costoso y mantener el vínculo en secreto es relativamente sencillo. De hecho, las pocas intervenciones conocidas del narcotráfico en la política chilena han ocurrido principalmente a nivel local. Ejemplos emblemáticos son el caso del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien mantuvo vínculos directos con el narcotráfico e incluso empleó delincuentes en la municipalidad, o el de Javier Challapa, conocido como el “rey del norte”, quien fue concejal y aspirante a alcalde en Camiña, mientras lideraba una banda que traficaba droga desde Perú y Bolivia hacia Chile.

Estos casos debieron ocupar un lugar central en las recientes elecciones locales y regionales. Sin embargo, los debates sobre seguridad y orden público en instancias como la segunda vuelta de gobernadores regionales en la Región Metropolitana pusieron énfasis en medidas como cámaras de vigilancia, tecnología, luminarias y obras públicas para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Aunque importantes, estas iniciativas omiten un aspecto crucial: cómo evitar que los municipios se conviertan en la puerta de entrada del crimen organizado al Estado.

Es imperativo preguntarse, por ejemplo, cuántas campañas para cargos de elección local fueron financiadas con dineros provenientes del crimen organizado o contaron con el apoyo activo de bandas criminales. También resulta esencial analizar la relación de muchos candidatos con grupos que, bajo la fachada de movimientos sociales, operan en realidad como instrumentos para actividades ilícitas, como las barras bravas. Esas son las verdaderas preguntas incómodas, “los elefantes en la habitación” que pocos parecen dispuestos a abordar con la seriedad y decisión que la situación requiere.

Aunque el crimen organizado puede limitarse inicialmente a capturar niveles locales, el éxito en esta etapa puede abrir camino a nuevas ambiciones. Con el tiempo, estas organizaciones podrían extender su influencia hacia otros ámbitos de la política, alcanzando finalmente las esferas de poder que hoy generan tanta preocupación.

La demanda por gobiernos locales más capaces de abordar estas nuevas formas de criminalidad coincide con la necesidad, largamente discutida, de exigir mayor control y transparencia en los organismos municipales. Durante años se ha insistido en una fiscalización más estricta para entender cómo y en qué se gastan los recursos. Ahora, esta demanda de transparencia no es sólo una cuestión de control democrático, sino una medida urgente para prevenir que la falta de supervisión y las zonas grises de la ley se conviertan en incentivos para que el crimen organizado negocie directamente con funcionarios municipales.

Los alcaldes y concejales que asumirán en los próximos meses enfrentan la ardua tarea de abordar la crisis de seguridad y delincuencia que atraviesa el país. Es imperativo que este rol incluya propuestas concretas para evitar que los municipios se conviertan en espacios de captura por parte del narcotráfico. Si no logramos prevenir esta captura, corremos el riesgo de acercarnos peligrosamente a un punto de no retorno.