Los cinco años del estallido nos han hecho volver a aquel 18 de octubre en que se paralizó el país con una manifestación inédita de violencia y posterior enojo ciudadano con la política. Aunque es evidente que lo ocurrido remite a procesos más largos, desde esa fecha se abrió un nuevo ciclo político en el que aún caminamos y nadie en las elites dirigentes ha podido hegemonizarlo. Si para 2019 se citaba con sorna la imagen del entonces Presidente Piñera según el cual Chile era un “oasis” en América Latina, después del 4 septiembre de 2022 fue la tesis del despojo la que quedó en el suelo. Por eso la derrota de la izquierda por el Apruebo es tanto más significativa que la de la derecha en el segundo proceso constituyente: la primera se jugaba su interpretación del estallido, así como la propuesta ofrecida al país para liderar el nuevo ciclo. Los “30 años” se enmarcaban en una historia larga de exclusión y maltrato que debía ser revertida con una refundación institucional, pues nada merecía ser resguardado. Esa fue la apuesta de esa izquierda.

Sin embargo, en el plebiscito de 2022 la ciudadanía habló con contundencia: la trayectoria nacional no era puro despojo; las personas eran conscientes de lo ganado y, sobre todo, de que tenían mucho que perder. Se pedía certidumbre, no revolución. El problema es que luego de esa derrota no se ha levantado otra interpretación del Chile post estallido. Es cierto que circulan diagnósticos más o menos coincidentes, pero una cosa es que estén formulados a nivel intelectual y otra que hayan sido apropiados por la política. En ella no hay acuerdos en el diagnóstico, porque ningún sector ha consensuado siquiera su propia lectura de lo que pasó. Por eso tampoco hay proyectos políticos nítidos arriba de la mesa, y nuestros representantes navegan en la desorientación, tratando de capitalizar, aunque sea un momento, el esquivo apoyo ciudadano. Por eso la estridencia tan cotidiana como ineficaz de tantos.

La izquierda no puede ya defender la tesis del despojo, pero nada indica que todos hayan renunciado a ella. Solo que, al gobernar, la realidad los ha obligado al silencio y al gradualismo. Así, La Moneda navega en función de prioridades fijadas por circunstancias externas a ella, sin lograr conducir en base a sus aspiraciones. Quizás ya no sabe muy bien cuáles son, y por eso se ha ido desdibujando su proyecto, como revelan los cambios en la evaluación de todo lo que alguna vez cuestionaron. Basta comparar el modo en que el Presidente Boric describió el papel del CAE en su anuncio de esta semana, con los términos con que fue presentado en las movilizaciones estudiantiles de 2011: de encarnar la “bancarización” de la educación, pasó a ser una importante herramienta de expansión de la matrícula universitaria. El cambio de juicio es positivo, pero necesita justificación. Las banderas más fundamentales han caído, pero no han sido reemplazadas por otras.

La derecha, sin embargo, no está en mejor posición. Más allá de algunas intuiciones y la crítica cierta al papel jugado por la izquierda, ha sido incapaz de articular su propia mirada respecto del país que quiere volver a dirigir. La cercanía del 4 de septiembre le permite evadir lo que no ha resuelto después del 18 de octubre: el hecho de que nadie al día siguiente salió a pedir orden y castigo, sino que muchos parecieron consentir o tolerar una violencia que podía ayudar a que las cosas al fin cambiaran. Hay que juntar, aunque cueste, esos dos momentos: muchos de los que rechazaron la propuesta de la Convención, el 19 de octubre salieron a decir a la política “ya basta”. Ni oasis ni despojo. Si la derecha tiene verdadera vocación de poder, este aniversario debe instalar algo más que la idea de un estallido delictual o reivindicar los “30 años” como si los problemas hubieran partido con él. La crítica a la violencia es indispensable, pero insuficiente. Tomar consciencia de ello tal vez ayude a que el sector aparezca por algo más que acusaciones constitucionales, y pueda ordenarse en torno a un liderazgo que tenga al fin algo sustantivo que ofrecer.