Columna publicada el domingo 17 de marzo de 2024 por El Mercurio. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pateó el tablero esta semana al pedir —en La Moneda— presencia militar para labores de orden público. La solicitud llamó la atención, pues se trata de un alcalde emblemático del Frente Amplio, sector que se ha opuesto sistemáticamente a otorgar atribuciones a las Fuerzas Armadas, y que nunca se ha tomado demasiado en serio la agenda de seguridad. Las palabras del alcalde, entonces, solo pueden ser vistas como la materialización de un violento giro —uno más— de la generación gobernante. Aunque la decisión tiene muchas lecturas, parece haber un factor decisivo: las elecciones de octubre. A su manera, el alcalde de Maipú dio por iniciada la campaña. De aquí en adelante, todo lo que digan las autoridades municipales —y sus contendores— debe examinarse a la luz de los comicios. Las palabras adquieren entonces lógica prístina: Vodanovic sabe que la seguridad es la principal preocupación de los chilenos. En consecuencia, su reelección depende de las señales que entregue en este plano. Si su discurso es débil o acomplejado, arriesga su cargo. Este es el hecho central: todo candidato a alcalde con voluntad de triunfo estará obligado a endurecer su discurso. Y sí, los octubristas también se vestirán de sheriff. En cualquier caso, es interesante notar que el giro del alcalde tuvo acogida disímil en su sector. Mientras los alcaldes frenteamplistas respaldaron la idea, los diputados fueron más bien escépticos. Esto nos lleva a una consideración de primera importancia. Como sabemos, la elección de alcaldes es uninominal: el triunfo exige obtener una mayoría, aunque fuera relativa. Dicho de otro modo, quienes aspiran a liderar un municipio deben persuadir a una porción significativa de electores. Eso los obliga a abrir la cancha, a moverse e ir a la caza de votos no cautivos. Vodanovic sabe que la izquierda no es base suficiente para la reelección: está obligado a salir de su zona de confort. Dado el sistema proporcional que opera para las elecciones legislativas, los parlamentarios siguen la estrategia opuesta. Si el candidato a alcalde necesita convencer a una mayoría, el candidato a diputado puede resultar electo con el 5 o 10% de los votos. Su atención se centra entonces en cultivar su nicho, dar batallas culturales y exacerbar los ánimos para movilizar a su electorado. No tiene ningún incentivo para ampliar su base de apoyo. Es más, no debe ampliarla, pues algo así sería visto como traición en su propio bando (y podría ser desbancado por uno más puro). No deberíamos minusvalorar los efectos nocivos que producen estas reglas. Si el sistema político está bloqueado es precisamente porque hay demasiados parlamentarios que no tienen ningún interés en alcanzar acuerdos ni en hablarle a la mayoría del país. Por el contrario, su negocio consiste en bloquear los acuerdos para ser fieles a las causas que defienden sus estrechos nichos electorales. Esta es la consecuencia práctica de la reforma al binominal impulsada por la Presidenta Bachelet y, a estas alturas, ya podemos decir que el remedio fue bastante peor que la enfermedad (dicho sea de paso, algún día tendremos que hacer el inventario general de las reformas de Bachelet II. El futuro ya llegó, y no es perfecto ni se parece a lo que siempre soñamos). Por lo demás, el propio Presidente está cazado en esta lógica. Fue electo con una mayoría amplia, pero se siente cómodo estacionado en el 30%. Por momentos, quisiera salir de ese lugar tan estéril, pero sus parlamentarios no le dejan espacio: no están mirando tanto la presidencial como la parlamentaria. Así, el veneno proporcional se esparce por el sistema, y todo queda teñido por la vociferación dirigida a la tribu de origen. Si no reformamos el sistema político en orden a reducir drásticamente la dispersión producida por el sistema proporcional, no podremos avanzar en la resolución de ninguno de nuestros problemas. No hay gobierno de ningún color político que pueda lidiar con la actual dinámica parlamentaria. El punto se refuerza si atendemos al problema del alcalde de Maipú: los chilenos claman por seguridad, y no es seguro que el Estado pueda responder con eficacia a esa demanda. Como lo han subrayado diversos personeros, el recurso a las Fuerzas Armadas es más delicado de lo que parece, y no debería ser usado como mera consigna electorera (menos aún por quienes se negaban hasta hace pocos días a cualquier medida de ese tipo). En efecto, sus funcionarios no están preparados para cumplir labores de orden, y hay que definir muy bien qué esperamos de ellos. Por ejemplo, ¿bajo qué circunstancias pueden usar armas de fuego sin exponerse a una condena posterior? En términos generales, no podremos superar la crisis de seguridad sin un acuerdo global sobre esta y otras cuestiones. Pero ese acuerdo es inviable en la configuración actual del Congreso; y, de hecho, muchas iniciativas están bloqueadas por el ala izquierda del oficialismo. El año 2025 tendremos elecciones parlamentarias. Si se mantiene el actual sistema, no es difícil prever la situación del próximo gobierno: grandes promesas electorales, posterior bloqueo legislativo, y luego frustración ciudadana. Por cierto, un cambio en el sistema electoral no resolverá nada por sí solo. Pero podemos estar seguros de que, con este sistema, nos hundiremos cada vez un poco más en el fango. Los alcaldes, al menos, lo intuyen.