Señor Director:

Su diario informa ayer que en cuatro años se han duplicado los morosos del CAE, un hecho evidentemente predecible a partir de las sucesivas promesas de su condonación (incluso hemos tenido diputados que, a pesar de contar con ingresos manifiestamente suficientes, persistieron con su deuda impaga).

Los problemas asociados son bien conocidos: no solo se trata de una carga enorme para las finanzas públicas, sino de una injusticia respecto de las miles de personas que sí han retribuido, en general con considerable esfuerzo, lo recibido.

Pero más allá del CAE, cabe notar aquí un patrón en la mentalidad del Gobierno, pues no es el único caso en que las intenciones y promesas se sostienen ignorando consecuencias previsibles. El acuerdo en torno a la toma de San Antonio constituye, en efecto, un gravísimo ejemplo de esta mentalidad. Al margen de las dificultades de resolución que ofrecía el caso y la inviabilidad de un desalojo inmediato, muchas personas han notado ya el mensaje que el acuerdo transmite: la posibilidad de saltarse la fila, la validación de las vías de hecho y, tal como con el CAE, la injusticia respecto de quienes sí han seguido la vía regular.

El ministro Montes afirmaba este martes que el acuerdo “no debería incentivar la irresponsabilidad”. La gran pregunta es qué significa aquí este “no debería”. Si expresa los deseos del ministro y el Gobierno, podemos concordar en que se trata de una buena intención. Nadie quiere incentivar algo semejante, todos preferiríamos que las consecuencias previsibles no se sigan. Pero esos deseos son, en último término, irrelevantes: la realidad es testaruda y no se comporta según nuestras intenciones.