Más de alguien ha recordado el contraste entre nuestros días y aquellos en que el expresidente Lagos podía afirmar que “las instituciones funcionan”. Es riesgoso idealizar los “30 años”, pero sería absurdo ignorar sus diferencias con nuestro sombrío presente. Ya sea que examinemos el control del orden público, el crecimiento económico o el tonelaje de los cuadros políticos, la comparación es desfavorable para el Chile actual, donde cunde la sensación de desorden y decadencia. Así se volvió a confirmar la última semana con las caídas —muy distintas entre sí, pero todas sintomáticas del deterioro— de los exmagistrados Muñoz y Vivanco, y del exsubsecretario Monsalve. 

Dicha sensación responde a muy variados factores e intentar superarla exige, por lo mismo, no simplificar en exceso los análisis, como si aquí existiera una única variable en juego. Pero debemos evitar también un peligro paralelo: escudarse en la complejidad de los problemas para excluir a priori de la reflexión elementos ingratos o difíciles de abordar. Y por momentos eso es lo que pareciera ocurrir —de modo más o menos consciente— con la crisis que padecen nuestras instituciones. Porque claramente en ella incide un progresivo déficit moral, cuya sola mención incomoda a las tendencias imperantes en la opinión pública.

Sin ir más lejos, cuando en 2023 lo denunció Beatriz Hevia, en su calidad de recién nombrada presidenta del Consejo Constitucional, recibió todo tipo de críticas casi por el sólo hecho de formular el asunto en esos términos (otra cosa es que los republicanos después no estuvieran a la altura). Sin embargo, ese déficit es precisamente lo que reflejan muchos de los escándalos que azotan nuestra vida común, incluyendo la crisis de la judicatura y —llevado al extremo— el caso Monsalve. Pues, como bien decía ayer Rafael Gumucio en Ex-Ante, una parte relevante de nuestra tragedia consiste en “no tener, entre quienes nos gobiernen, personas capaces de gobernarse a sí mismas”. 

Ahora bien, nada de esto es sencillo. Esa falta de autogobierno parece inseparable de la noción de individuo que predomina hoy, cuyas consecuencias son cada vez más visibles. Tal como prevenía ya en 2018 Pablo Ortúzar (“El sudeste apático”), diversas instituciones en crisis —no sólo las políticas— suelen exigir a sus integrantes, por su propia naturaleza, una dosis importante de sacrificio personal en favor del bienestar colectivo; sacrificios que pugnan con la idea de que la voluntad soberana individual sea el criterio rector de la vida social. Luego, si anhelamos instituciones robustas, debemos examinar qué tipo de virtudes, prácticas y motivaciones (y no sólo las necesarias reformas legales) pueden ayudarnos a corregir nuestra situación.