Durante la primera semana de agosto el gobierno dio a conocer una ley corta acerca de los Servicios Locales de Educación (SLEP). El proyecto no detiene lo que fue denominado como Nueva Educación Pública (NEP), pero sí introduce una recalendarización de los traspasos pendientes. Fija hasta 2040 como límite máximo para completar el proceso, autoriza postergar algunos y flexibilizar la permanencia de las escuelas y liceos en las municipalidades que han podido garantizar buenas condiciones. La experiencia -según indican los promotores de la medida- demuestra que un calendario rígido y apurado termina por efectuar traspasos ineficientes. En este sentido, la recalendarización avanza en una dirección correcta: un proceso de esta magnitud no debiera estar subordinado a un cumplimiento mecánico de un calendario, sino a las condiciones efectivas en que cada traspaso pueda realizarse. 

Como era de esperar surgieron distintas posiciones críticas a esta reforma. Algunos alertaban que la postergación hasta el 2040 constituye una amenaza directa a la consolidación de la NEP y prolonga un modelo que se considera históricamente como fracasado. Otros, más matizados, indican que la recalendarización puede ser razonable, pero que 2040 es excesivo, pues genera incertidumbre y prolonga el deterioro municipal. En esta misma línea, se ha dicho que las deudas que presenta la educación municipal podrían seguir aumentando, ya que los municipios tendrían cada vez menos incentivos para invertir en un servicio que dejarán de administrar. La advertencia exige mirar con mayor detención el panorama, pero de ella no se sigue inmediatamente que la alternativa correcta sea traspasar cuanto antes como parecen suponer los críticos. 

El elemento que suele olvidarse durante esta discusión es que un cambio de sostenedor, por profundo que sea administrativamente, no comienza desde un punto cero. Un SLEP no recibe una hoja en blanco, recibe establecimientos, trabajadores, inmuebles, contratos, obligaciones y, sobre todo, una trayectoria. El propio Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública ha advertido este problema desde el inicio de la reforma: ya en 2018 identificaba entre las dificultades de los traspasos las deudas previsionales y de servicios, información administrativa incompleta, sobredotación y un estado crítico de la infraestructura escolar. Su informe más reciente vuelve sobre el mismo diagnóstico indicando que los Servicios Locales han asumido las dificultades ya mencionadas. Cambiar jurídicamente al sostenedor no hace desaparecer ninguna de estas condiciones iniciales. Los Servicios Locales cargan, desde el primer día, con el peso de la historia.

El punto expuesto adquiere importancia porque buena parte de las críticas a la recalendarización surgen de un diagnóstico que, paradójicamente, refuerza la necesidad de tomarse en serio el traspaso. Si la educación municipal acumuló durante largos años problemas financieros, infraestructura sin mantención, deudas previsionales y pérdida de matrícula, por ese motivo que resulta fundamental el modo en que se realizará el traspaso. Cuanto más deteriorada se encuentre la administración de origen, más ingenuo resulta pensar que basta con cambiar de nombre al sostenedor para que el sistema comience a operar como si hubiese heredado una organización sana. 

El argumento expuesto no busca defender la antigua administración municipal, al contrario. La heterogeneidad entre comunas es una de sus debilidades; algunos podían sostener de forma efectiva redes educacionales bien administradas, mientras que otros acumulaban déficits que afectaban directamente a estudiantes, familias, docentes y asistentes. La creación de servicios especializados con la educación como tarea exclusiva tiene una justificación atendible. Pero si se busca su correcto funcionamiento no cabe pedirle al mismo tiempo que reparen décadas de deterioro y sean evaluados desde el primer momento por su capacidad de mejorar los aprendizajes. 

Ahí aparece la razón más poderosa para apoyar una recalendarización: el tiempo adicional puede permitir un saneamiento preventivo y una transición mejor preparada. Esa es la principal tarea que debe acompañar al proyecto de ley del Gobierno. Postergar, por sí solo, no resuelve nada. Si dentro de tres, cinco o diez años, las escuelas llegan al traspaso con las mismas deudas, mismos problemas de infraestructura y los mismos desajustes en la dotación, la extensión solo habrá servido para patear el problema hacia adelante. 

Por eso, la respuesta a la objeción de que las deudas podrían aumentar no es negarla, sino asumirla como una advertencia prudencial. El tiempo adicional debe ser un período activo de saneamiento: regularizar obligaciones previsionales y financieras, ordenar dotaciones, hacer un levantamiento serio sobre el estado de la infraestructura y resolver problemas administrativos.

Esto permite volver al propósito original de la NEP. Los SLEP no fueron creados para ser administradores de emergencias financieras, goteras o sistemas eléctricos obsoletos. Su sentido final es educativo. Una vez aseguradas las condiciones mínimas de funcionamiento deben poder concentrar sus capacidades en lo que realmente le corresponde: habilidades de lectura, matemáticas, convivencia y competencias que los niños y jóvenes necesitan para desarrollar sus vidas. La recalendarización solo tendrá sentido si permite que el nuevo sostenedor deje de administrar la crisis heredada y comience, por fin, a administrad educación.