El proyecto de ley empujado por el gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar permite levantar una discusión valiosa no solo respecto de la educación pública, sino también sobre el modo en que debe actuar la política. Sobre lo primero, más allá de la necesaria evaluación del proyecto, es esperanzador que estemos volviendo a hablar sobre la materia. El gobierno de Gabriel Boric, cuyos principales líderes nacieron al alero de la movilización estudiantil de 2011, fue inexcusablemente pasivo en estos temas, salvo la agenda vinculada al CAE, que ya pocos creen que represente un compromiso honesto de ese mundo con la educación. Ahora en cambio hemos retomado la conversación sobre mérito, autonomía de las comunidades educativas, legitimidad del sistema y, sobre todo, calidad. Como reconoció la ministra María Paz Arzola, se debe enfrentar al mismo tiempo el desafío de ofrecer mejores proyectos educativos y el de perfeccionar el mecanismo y los criterios por los cuales los estudiantes ingresan a los establecimientos. Ambos frentes parecen hasta ahora inspirar al Ejecutivo. Si reconocemos que la educación es sin duda un eje relevante de nuestra actual emergencia, ya solo este anuncio es una buena noticia.

Pero, como decíamos, la iniciativa nos permite reflexionar sobre algo más profundo. El fin de la selección y la gratuidad universitaria empujados por el segundo gobierno de Michelle Bachelet no solo tenían problemas técnicos que se han ido haciendo evidentes en la última década (la educación no mejoró; perdimos importantes espacios de diversificación de nuestras elites; la masificación no redundó en mejores trayectorias y comprometió gravemente a las universidades). Se trató también de un proyecto sostenido en premisas especialmente problemáticas para una acción política virtuosa. Lo formuló con precisión la historiadora Sol Serrano en un número de la revista del IES Punto y coma, del año 2024: las reformas educacionales del 2015 fueron “iluministas”, porque desestimaron expresamente la historia resguardada por el derrotero de la educación chilena. Dominados por una interpretación que luego se haría masivamente conocida durante el primer proceso constitucional, la nueva izquierda (liderada por Michelle Bachelet) quiso construir la igualdad sin consideración alguna por la realidad: ella solo era señal de oprobio y la escuela pública un mero “ghetto de marginalidad”. Sobre la base de esa hipótesis, no hubo preocupación por mantener ni cuidar algo de lo que había; por reconocer las ganancias efectivas de la apuesta de los liceos de excelencia (o por escuchar a sus protagonistas), cuyo derrumbe no ha sido hasta ahora reemplazado por una alternativa a su altura (agudizándose la distancia que tanto criticaban respecto de una educación privada que siguió operando como siempre). Lo dijo también la ministra Arzola: el sistema de admisión escolar vigente surgió en un escenario de alta desconfianza hacia las escuelas, traducido necesariamente en la intervención sobre ellas y en los problemas derivados de tales acciones.

En este sentido, el proyecto que empuja hoy el gobierno de José Antonio Kast debe cuidarse de reproducir esos vicios. Se ha subrayado en varias ocasiones (con mayor o menor razón) que el mundo frenteamplista y el republicano operan en espejo. Así, se ha hablado de que esta iniciativa sería el mecanismo por el cual el actual gobierno intentaría desmontar el modelo construido por sus adversarios. La ministra de educación ha sido, afortunadamente, muy clara hasta ahora en la refutación de esa sospecha: no buscan una contrarreforma como “objetivo en sí mismo”, sino aplicar medidas para mejorar lo que tenemos. Esta intención es la que debe ahora probarse en la práctica: que aspiran a sacar a nuestra educación pública de su severa crisis, pero sobre todo que no los mueve, como a sus adversarios tan acusados por ellos, el desmontaje. Que no son iluministas. Que saben bien que siempre es más fácil destruir.