Carlos González Vaca, alias Estrella, dirigió entre 2021 y 2022 una de las primeras células del Tren de Aragua en Chile, en la Región de Tarapacá. Vivía en Quilpué, a más de 1.500 kilómetros, donde llevaba una vida normal con tintes de lujo: tenía un negocio de arepas, iba a conciertos, paseaba a su perro por las tardes, disfrutaba algunos fines de semana en el Sheraton de Viña. Y viajaba regularmente a Iquique, Colchane y Alto Hospicio, donde participaba directamente en secuestros y homicidios.

También estaba inscrito en el Registro Social de Hogares, el instrumento con que el Estado chileno identifica a su población más vulnerable para asignarle beneficios. Su pareja cobró el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia.

Todo esto consta en los archivos judiciales del caso y en la información recopilada en el trabajo de campo que he realizado durante los últimos años sobre el Tren de Aragua en Chile.

Ahora que el gobierno plantea una nueva agenda sobre crimen organizado —con un nuevo estado de excepción, despliegue policial permanente en algunos casos y más detención de migrantes irregulares, entre otras medidas— conviene recordar una lección incómoda: un Estado presente, armado y desplegado no asegura nada si está mirando la categoría equivocada.

La historia que solemos contar sobre el crimen organizado es la del Estado ausente, o la de la colusión entre el aparato estatal y los criminales. En el caso del Tren de Aragua en el norte, la evidencia muestra algunos matices: mientras la organización operaba, el Estado estuvo más presente que nunca en esa frontera. Hubo estado de excepción, militares desplegados con facultades extraordinarias, registros de equipaje, disparos de advertencia, un contingente policial-militar inédito en Colchane. El paso estuvo oficialmente cerrado desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022.

Sin embargo, bajo esa presencia armada, la organización siguió cruzando personas y drogas. Y coordinaba los cruces por estados de WhatsApp difundidos de teléfono en teléfono. «No hay paso, se pueden atender pasajeros en la frontera, pero los gastos extras sería a previa coordinación». Por el mismo canal fijaban el precio de la ketamina: «Estamos determinando el precio del agua… será en 1300… copien y peguen.»

El cierre no detuvo la operación, todo lo contrario: subió el precio. La medida de control más dura y, supuestamente, más eficaz terminó operando como un costo que la organización administró y traspasó a los migrantes que cruzaban.

El resto tampoco estaba oculto. El lugar en Huara donde la célula tenía una de sus bases estaba a pocos metros del retén de Carabineros. El Hotel España, en Pisiga, del lado boliviano y principal nodo de retención de migrantes del corredor, estaba cerca de la aduana chilena. La casa de Colchane donde encerraban a quienes cruzaban tampoco queda lejos del paso. Las mujeres tratadas trabajaban todos los días por Plaza Condell y los sectores aledaños, un céntrico sector de Iquique. Algunos reclutadores operaban abiertamente en redes sociales, con nombre y foto.

El Estado supo del Tren de Aragua recién cuando aparecieron unos burreros peruanos de ketamina que dijeron haber sido forzados por miembros de la organización. Fueron ellos los primeros en nombrarlo. Los funcionarios buscaron a la organización en Google: la inteligencia no tenía demasiados registros de ella. La primera reacción de las autoridades centrales fue de franco escepticismo.

En esos años, el aparato estatal miraba la frontera como un problema sanitario y migratorio: el migrante como vector de contagio de enfermedades y como entrada irregular que contener. Miraba con fuerza, con recursos y con tropas. Pero era incapaz de ver a la organización criminal que usaba a las personas como infraestructura de su negocio.

Las mujeres víctimas de trata de personas resultaban difíciles de reconocer incluso para los funcionarios cuya misión era identificarlas, pues en ocasiones sostenían relaciones amorosas con sus captores o no se consideraban a sí mismas víctimas. Hubo operadores del Tren presos por delitos comunes durante cierto tiempo, sin que nadie supiera que pertenecían a una organización criminal; se descubrió después al revisar sus teléfonos. Algunas mujeres que llevaban las cuentas y supervisaban a las explotadas fueron inicialmente consideradas víctimas.

Un Estado puede fallar de maneras distintas. Puede no llegar, y esa es la falla que solemos discutir, la que se resuelve con más presencia, más recursos, más dotación. O puede llegar, desplegarse, gastar y estar mirando la categoría equivocada. Esta segunda falla es más difícil de ver justamente porque, desde adentro, se parece al éxito: hay presencia, operativos y cifras que reportar.

Eso es lo que hace que el detalle del Registro Social de Hogares no sea una anécdota. El mismo aparato que no lograba ver a una mujer explotada por una organización criminal transnacional en una plaza pública inscribió al jefe de la célula que la explotaba en su registro de vulnerabilidad y le transfirió fondos públicos. No es que el Estado no viera. Veía, pero no captaba lo que tenía enfrente.

Afortunadamente, en este caso el Estado terminó por ver, y esa es la razón por la que hoy podemos saber todo esto, gracias al trabajo de fiscales y policías. Pero otras células del Tren siguieron operando en otras regiones bajo exactamente las mismas condiciones. Así, el Tren ha seguido expandiéndose, pues las fallas en las categorías se han replicado y han surgido otras a medida que la organización ha evolucionado.

Vale la pena tener esto presente ahora que el gobierno lanza una nueva agenda en la materia. Entre 2020 y 2022 también tuvimos estado de excepción, militares en la frontera y el paso cerrado y, bajo todo eso, una célula del Tren de Aragua se instaló, cobró, trasladó, torturó y mató. Podemos tener todas las herramientas, las facultades y las ganas, pero si erramos en las categorías, vamos a volver a equivocarnos, ya sin demasiado margen. Hay que saber qué se está mirando.