En Estados Unidos, la desconfianza pública en las universidades, y en particular en las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, ha venido creciendo en conjunto con la masificación de la matrícula, y esto ha llevado a recientes disputas por su financiamiento. Chile se encuentra algunos pasos atrás en el mismo proceso. Acá las universidades, en general, siguen teniendo un alto prestigio. Pero esto no tiene por qué mantenerse en el tiempo, en particular en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, que ofrecen, en demasiados casos, retornos económicos mediocres o derechamente negativos a sus egresados, y cuyos representantes con mayor presencia en la esfera pública muchas veces se muestran altamente politizados (en un sentido faccioso, no aristotélico), tal como se hizo patente durante el estallido y la asamblea constitucional.

¿Por qué seguir financiando con fondos públicos, en tiempos de masificación universitaria, a disciplinas que no proveen de buenos empleos a la mayoría de sus egresados y que parecen gobernadas por criterios de militancia política antes que por criterios de excelencia académica? Cuando planteaba esta pregunta a profesores de estas áreas me respondían que la mayoría del trabajo en sus disciplinas era académicamente serio y que, aunque los retornos económicos eran mediocres para sus egresados, el valor de las humanidades y las ciencias sociales permanecía incuestionable. Además, agregaban, las universidades mostraban consistentemente mayor apoyo que los políticos y cualquier institución política en todas las encuestas, por lo que no veían riesgos de ataques por ese flanco. Pero luego vino la Ministra Lincolao, que les ha dado un durísimo golpe, y, hasta ahora, nadie aparte de ellos mismos ha concurrido a su defensa.

¿Y ahora, quién podrá defenderlos? Esta pregunta es la misma que se hicieron los rectores de las universidades estadounidenses de Vanderbilt y de Washington, y que los llevaron a solicitar un informe sobre la situación académica de las humanidades y las ciencias sociales en su país. Los rectores formularon su encargo de la siguiente manera:

“Estamos preocupados por la dramática erosión en el apoyo a las humanidades y las ciencias sociales humanistas entre los estudiantes, padres y representantes del gobierno, así como por la constante exposición de alegatos relativos al deterioro de los estándares académicos en esas disciplinas… Estos alegatos son de naturaleza variada. Algunos científicos han alegado por la mala comprensión y mal uso generalizado de la ciencia natural en el trabajo de prominentes humanistas. Algunos filósofos se han mostrado preocupados por el abrazo irreflexivo de posturas filosóficas problemáticas, en particular respecto a la verdad, la evidencia y el conocimiento. Y, más recientemente, muchas voces distintas han sugerido que las disciplinas humanistas han permitido que valores ideológicos de fondo distorsionen la búsqueda de conocimiento en esas áreas… Para ayudarnos a evaluar si es que, y en qué medida, hay un problema aquí, hemos encargado a una comisión de eminentes académicos de estas disciplinas examinar la situación del trabajo académico en sus respectivas áreas y evaluar estos alegatos. Consideramos que sin un examen de este tipo, la bien documentada erosión del apoyo a las humanidades simplemente continuará profundizándose”.

¿Cómo procedieron? Encargaron a Paul Boghossian, Silver Professor of Philosophy de la Universidad de Nueva York, convocar un equipo de académicos independientes para acometer la tarea. Finalmente, se reunieron diez académicos, incluyendo a Boghossian, y emprendieron su tarea, que les tomó desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026. El comité es política y demográficamente variado, pero todos sus miembros tienen en común el ser profesores destacados y con una carrera consolidada en sus respectivas áreas. El título del informe producido es “Report on the State of Scholarship in the Humanities and the Humanistic Social Sciences” .

En su introducción, los académicos fijan el alegato que someterán a examen: “en años recientes, se ha alegado que el objetivo tradicional de tratar de entender el mundo humano a través de un cuidadoso trabajo académico ha sido subordinado, o incluso reemplazado, por un objetivo ‘político’: el de realizar una concepción de la justicia social hoy asociada con la izquierda progresista. Más específicamente, el alegato es que los estándares académicos para evaluar el trabajo político han sido distorsionados dentro de las disciplinas tanto para privilegiar el trabajo en asuntos que se consideran relevantes para la justicia social, como para reemplazar los criterios tradicionales de evaluación de la calidad del trabajo académico para asegurarse que sólo trabajo políticamente aceptable sea publicado, enseñado y valorado. La versión más dura de este alegato traza el origen de esta distorsión de los estándares académicos a un repudio generalizado de la idea misma de objetividad académica, en favor del punto de vista que reclama que ya que el conocimiento es inevitablemente ideológico, es justo y razonable evaluar el trabajo académico a partir de estándares políticos y sociales. El resultado de esta distorsión, continúa el alegato, es un ecosistema académico en el cual mucho de lo que pasa por academia en las disciplinas humanistas es, en realidad, una mezcla de investigación tendenciosa y partisana, feble propaganda de agitación académica y sinsentido cargado de jerigonza. Al ser esto así, concluye el alegato, estas disciplinas académicas no pueden jugar hoy el valioso rol que tradicionalmente han jugado en avanzar el conocimiento humano, y por lo mismo arriesgan a perder su sustento por parte del Estado, así como su apoyo por parte del público más amplio”.

Ya en su introducción, el informe rechaza que este alegato tenga una validez universal, destacando que “tal como enfatizaremos, hay trabajo académico serio en cada uno de los campos investigados, y en su mejor versión, las humanidades y las ciencias sociales siguen siendo tan rigurosas y tan fructíferas como siempre han sido”. Visto el conjunto, eso sí, “nuestra investigación muestra un panorama mixto. Cada uno de los campos estudiados exhibe alguna de las patologías nombradas: un deterioro de los estándares académicos impulsado por la introducción de criterios políticos en sustitución de criterios propiamente académicos en la evaluación de la investigación, así como un repudio más generalizado de los estándares tradicionales de rigor y objetividad. En algunas áreas, como la filosofía, estos problemas están confinados principalmente a algunos subcampos relativos a algún asunto particular. En otros, como la historia, aunque hay corrientes en la academia en que los estándares se han politizado de manera problemática, ellas conviven con corrientes más dominantes donde un mayor rango de miradas es tolerado y estándares académicos apropiados son sostenidos. En los casos más extremos, como la antropología, vemos un deterioro generalizado de los estándares académicos generado por la mezcla entre un repudio ubicuo de los ideales de objetividad y un ambiente intelectual tóxico donde el disenso político razonado en asuntos políticamente cargados es rutinariamente suprimido y castigado”

La introducción incluye algunas prevenciones generales, que destacan que el trabajo de la comisión es exploratorio, pero también que algunos de sus descubrimientos parecen llamar a la acción urgente. Advierten que cuando una facultad de astronomía se transforma en una facultad de astrología, esto puede ser corregido introduciendo estándares desde otras unidades académicas que mantienen un trabajo académicamente serio. Sin embargo, cuando el campo académico de la astronomía se transforma a la astrología, resulta mucho menos obvio qué hacer y cómo intervenir. Y ellos ven esto pasando en algunos campos disciplinarios. Del mismo modo, destacan que una academia corrompida por una politización hacia la izquierda no puede ser corregida por una corrupción equivalente hacia la derecha, o por un empate entre ambas. Finalmente, se destaca que hay academia políticamente comprometida, pero con estándares académicos de excelencia, que no tiene por qué ser castigada. El problema de fondo, no debe perderse de vista, es la excelencia de los estándares académicos, no otro.

Luego de presentar la evidencia reunida y las conclusiones parciales generadas a partir de ella, el informe concluye destacando que el corazón del trabajo académico es la investigación desinteresada. Es decir, la investigación cuyas conclusiones no están fijadas de antemano ni determinan la selección de las muestras, y que busca “el conocimiento y el entendimiento, tanto por su propio valor, como por otros bienes asociados que requieren de conocimiento y entendimiento genuino, más que de opiniones ideológicamente interesadas, para su avance y promoción”. Para eso, al menos en parte, es que existen las universidades, “y una de los mayores aportes que las universidades pueden hacer a la sociedad es proveerla de un modelo de cómo puede ser posible la investigación desinteresada y por qué es valiosa”. Si la búsqueda del conocimiento desinteresado se ve dañada, los fundamentos mismos de la academia sufren las consecuencias.

El informe termina destacando que esta es la razón por la cual “consideramos las fallas que hemos expuesto como muy serias. No son simplemente problemas en la administración u operación de la universidad, sino que golpean el corazón mismo y el alma del propósito de las universidades”. Los autores del informe parecen convencidos de que una misión de autosalvataje de las humanidades y las ciencias sociales es posible de llevar adelante, a veces con intervenciones quirúrgicas menores, a veces con cirugía mayor. Lo que no ponen en duda es que hay un problema, que el problema es grave, y que debe ser enfrentado con urgencia. El informe permite acotar, eso sí, el diagnóstico, en vez de descartar y condenar estos campos de conocimiento como un todo.

¿Es posible replicar en Chile este ejercicio? Yo creo que sí. Posible y necesario, pues parecen visibles patologías similares a las de la academia norteamericana, y sería bueno acotar el diagnóstico y comenzar distintos procesos de reforma. Además, creo que al igual que en Estados Unidos, la mera defensa de intereses corporativos no basta: es necesaria una autocrítica seria y profunda, y comprometer cambios importantes para la próxima década.

Por último, sigo sin entender por qué la exsubsecretaria de Ciencia del gobierno de Boric, Carolina Gainza, socióloga UDP especialista en literatura digital, militante del FA e investigadora de Nodo XXI, insiste en que el informe “radiografía HACS” producido por ese ministerio durante la administración anterior sería equivalente al informe encargado por las Universidades de Washington y Vanderbilt que acabo de resumir. Si uno lo revisa, se trata simplemente de un conjunto de datos, algunos muy interesantes, sobre la realidad institucional de las ciencias sociales y las humanidades en Chile. Es una especie de censo o inventario, con métricas comparativas con la OCDE, pero en ningún caso se hace cargo de las acusaciones que el informe norteamericano aborda. El Ministerio, cuando ella trabajaba ahí, destacó las conclusiones de la radiografía como si condujeran a demandas gremiales por más estudiantes en estas áreas, más posgrados y más facultades fuera de Santiago. Sin embargo, la información compilada sobre los retornos económicos de los egresados parece desaconsejar bastante esas ideas. Gainza, como muchos de sus colegas, ha sido, hasta ahora, una voz más dentro de la defensa corporativa acrítica de estas áreas. Ojalá, leyendo el informe de Vanderbilt y Washington, aspiren a más.