Hace pocos días fue profanado uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. El autor fue Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak, quien incendió el altar exterior de la iglesia de Santiago y rayó la estatua de la Virgen en la Colina de las Apariciones. El lector desde luego podría preguntarse qué tiene que ver lo que sucede en Bosnia con la realidad de nuestro país, considerando la distancia geográfica y contextual que impide equiparar Bosnia con la realidad chilena. Pero el episodio ayuda a recordar algo fundamental: que la libertad religiosa no se vulnera solamente cuando el Estado prohíbe un culto. Ella también se ve amenazada cuando no se aseguran las condiciones para poder realizar la práctica religiosa; cuando templos, símbolos y comunidades son atacadas, especialmente cuando las instituciones no logran protegerlos. Y eso sí guarda directa relación con lo que ocurre en nuestro país.

Los datos del “Informe sobre libertad religiosa 2025” de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre indican que Chile se encuentra desde el año 2021 en la categoría de “observación”. Esta clasificación reúne a los países que muestran indicios preocupantes de violaciones serias a la libertad religiosa, pero los datos no permiten clasificarlos de forma definitiva como formas de discriminación arbitraria o persecución. Por lo mismo, dichas situaciones requieren un seguimiento más detenido para sacar conclusiones más precisas.

Con todo, algo sí es claro: la investigación describe una trayectoria de empeoramiento. Antes del estallido social ya se registraban ataques contra templos en las regiones de la Araucanía y del Biobío, pero entre 2019 y 2020 el fenómeno adquirió alcance nacional. En el marco de las protestas de la crisis de octubre fueron incendiadas 51 parroquias católicas y seis tempos evangélicos. La violencia se mantuvo en la zona sur, donde el estudio registró otros seis templos incendiados durante 2023.

Lo mencionado hasta ahora no es trivial, aunque a pocos parezca importarle. Como bien describe Manfred Svensson en su reciente libro El Lugar de lo sagrado (IES, 2026), la libertad religiosa no se reduce a la separación entre Estado e iglesia. Exige, además, que el libre ejercicio de la fe sea protegido por el aparato estatal. Después de todo, la libertad religiosa —un derecho fundamental—   no se agota en el rito dentro de un templo, sino que esta se expresa en comunidades, instituciones y formas de vida compartida, que requieren ser resguardadas.

La definición de Svensson es aún más atingente cuando uno entiende el lugar que juega la religión en nuestro país. Como indica Pedro Morandé en su clásico texto Cultura y Modernización en América Latina (IES, 2017), la religiosidad popular ha conservado una presencia significativa en la vida social chilena, desplegada colectivamente en el espacio público. Los ejemplos abundan:  la celebración de la Virgen del Carmen, la peregrinación al santuario de Lo Vásquez —donde se movilizan casi un millón de chilenos obligando a cerrar momentáneamente parte de la ruta 68—, la fiesta de San Sebastián de Yumbel o la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Proteger estas prácticas supone asegurar las condiciones para que puedan desarrollarse pública y colectivamente.

En Chile la discusión sobre la separación entre Iglesia y Estado ha sido extensa, pero esa pregunta supone otra interrogante aún más elemental: ¿ha garantizado que las comunidades creyentes puedan manifestarse públicamente con seguridad? No basta que el poder político se aleje de los altares, sino que el Estado cumple adecuadamente su rol cuando asegura que nadie pueda destruirlos y quedar impunes. Solo entonces es posible discutir, en condiciones de libertad, qué relación corresponde establecer entre el Estado y las confesiones. Los antecedes recogidos en el Informe de la Libertad Religiosa muestran que Chile aún mantiene una deuda muy importante en ese plano básico.