Una de las consecuencias de la grave crisis de delincuencia y crimen organizado que atraviesa el país es el temor con el que viven amplios sectores de la población. Algunos sugieren que ese miedo sería excesivo y estaría amplificado por los medios. Esa lectura, sin embargo, olvida que muchos de los hechos que hoy vemos en Chile son nuevos -secuestros extorsivos, bandas transnacionales con presencia en casi todo el territorio, una violencia brutal antes desconocida- y que su impacto sobre los sectores más vulnerables, que son los principales blancos de estas bandas, es enorme. Basta leer la carta del párroco de Santa Madre de Dios, de la comuna de Lo Espejo, publicada el domingo en El Mercurio, donde cuenta que el viernes recién pasado un par de jóvenes en moto dispararon balazos a 10 metros de los adultos mayores que salían de su iglesia. Ese es sólo uno de los miles de ejemplos que podrían relatarse.

Ese temor ciudadano se traduce en la exigencia de medidas más fuertes y rápidas para acabar con la crisis. Se espera que los políticos tomen cartas en el asunto y ofrezcan soluciones que frenen el caos. En ese contexto, las propuestas de «mano dura» que plantea la derecha sintonizan con el sentir ciudadano. Así, aparecen voces que proponen incluso reponer la pena de muerte, replicar el modelo de Bukele -aunque cada vez resulte más claro que fue construido sobre pactos espurios con pandillas-, bajar la edad de responsabilidad penal o condenar a los delincuentes a pasar toda su vida en la cárcel bajo condiciones infrahumanas.

Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto esa aproximación resulta eficaz a la hora de gobernar. No se trata de menospreciar el fundado temor que experimentan las personas, ni tampoco la gravedad de nuestra crisis. El punto, más bien, es que las propuestas de «mano dura» son insuficientes para resolver los problemas que atravesamos porque se limitan a una sola dimensión de la crisis: la punitiva. Esta arista es muy importante, pero también hay muchas otras que deben abordarse para enfrentar adecuadamente los fenómenos vinculados a la delincuencia y al crimen organizado, y que ni el gobierno ni, en general, la clase política han logrado tomarse en serio hasta ahora. La crisis de seguridad tiene causas profundas que remiten a asuntos familiares, sociales, económicos y de sentido de la vida que están profundamente enquistados en nuestra sociedad, de los que también tenemos que hacernos cargo.

Pensemos, por ejemplo, en la rehabilitación y la reinserción de los presos, un aspecto fundamental del derecho penal que hace sostenible nuestro sistema carcelario, pues no podemos mantener para siempre en la cárcel a todos los presos. ¿Dónde está la derecha hoy en esos temas? ¿Qué reflexión ha hecho al respecto en los últimos años? ¿Cuál es la posición del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario? ¿Cuál es la agenda del gobierno sobre la reinserción de los presos?

Estas preguntas resultan incómodas, pero son especialmente importantes si se considera que desde la derecha existe una preocupación por la familia como núcleo fundamental de la sociedad. No se puede dejar de pensar en la rehabilitación cuando buena parte de quienes cometen delitos son adolescentes que provienen de hogares quebrados y territorios capturados por el crimen organizado. Se trata de una vuelta larga, pero indispensable.

El gobierno ha tenido dificultades en su primer mes para traducir las propuestas dispersas de «mano dura» en una agenda robusta de seguridad, que se haga cargo de forma integral de los desafíos diagnosticados durante la campaña. Incluso le ha sido difícil desplegar medidas efectistas que le permitan mostrar, aunque sea mediáticamente, quiénes están a cargo. Hay una lentitud peligrosa en ese plano que, de sostenerse, amenaza con erosionar la promesa ciudadana de recuperar el orden y la seguridad.

Quizás la agenda de seguridad ha tardado en ver la luz porque los problemas son más complejos de lo que creían. O tal vez la dureza de la campaña no había tenido en cuenta la realidad de un Estado mucho más frágil de lo que se había imaginado en su momento. Puede que haya pragmatismo y otras prioridades en la actualidad. Quién sabe. Lo que sí es claro es que, mientras la «mano dura» sea presentada como la única salida, seguirá siendo insuficiente para los problemas que tenemos.