Al cumplirse cinco años del estallido social, no habrá actos conmemorativos en La Moneda. Las demandas siguen vigentes, ha dicho la ministra vocera Vallejo, y por tanto es mejor que la ciudadanía los encuentre trabajando. No se la puede culpar por afirmar lo que debe decir un vocero. Lo cierto, sin embargo, es que la conmemoración es antesala de la elección municipal, y el hito conmemorado se ha vuelto en extremo incómodo ahora que la ciudadanía lo mira con distancia. Por mucho que el estallido los haya catapultado al gobierno, no es momento para lucir esas afinidades.

La causa de esa distancia no puede extrañar a nadie. El centro de muchas ciudades apenas se ha recuperado, el proceso político abierto por el estallido fracasó, y en el proceso se perdió el consenso de la transición respecto de la ilegitimidad de la violencia política. La mirada crítica que ahora adopta la población ha sido además observada durante los últimos días por todos los grandes estudios de opinión. En la medición del CEP, el 50% de los encuestados considera que el estallido fue malo o muy malo para el país. Según Cadem, un 68% considera que se inicia ahí un pronunciado declive en la calidad de vida de los chilenos. Un 56%, confirma Criteria, declara que se trata de un episodio “más bien negativo” para el país.

Pocos políticos del conglomerado de gobierno querrán que se les recuerde cómo actuaron en ese contexto, mucho menos amarrar su destino a la memoria de este. De ahí no se sigue un mea culpa a la altura de las circunstancias, por cierto, y tal vez no quepa ya esperar nada más que la tímida toma de distancia que tuvo el presidente Boric en la conmemoración del 2022. “Se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas, nos agredimos unos a otros y somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado", afirmaba entonces en términos casi impersonales.

Por lo demás, no hay que encandilarse con el cambio de opinión de los encuestados, que incluye una enorme porción de personas que evalúa estos hechos de modo difícilmente compatible con una convivencia civilizada. Según Criteria, un 31% sigue considerando que la violencia en las manifestaciones es la única manera de hacerse oír, y un 33% tiene por justificada la evasión del pago del metro. No es fácil saber cuánto de eso se encuentra incubado desde antes del estallido y cuánto se abrió espacio esa mentalidad a contar de entonces. Pero se trata de un tercio de los encuestados. Más allá de la responsabilidad de los distintos actores políticos en nuestra golpeada historia reciente, parece obligatorio posar la mirada sobre el desafío que supone que parte importante de la ciudadanía tenga tales juicios.