No hay dudas de que el sistema penitenciario chileno atraviesa una crisis profunda. El hacinamiento de las cárceles, la violencia entre internos y las reiteradas irregularidades en su interior evidencian problemas estructurales que se han agudizado con el tiempo. Mientras en regiones como Antofagasta y Valparaíso el sobrepoblamiento es crítico, las dificultades en Gendarmería se vuelven cada día más acuciantes.

La experiencia latinoamericana muestra que desatender los problemas penitenciarios puede tener consecuencias catastróficas a nivel político y social. El caso de Ecuador en 2024 es un ejemplo elocuente: pandillas tomándose canales de televisión y escenas de extrema violencia en los penales fueron la expresión visible de una crisis incubada durante décadas. Durante años se sostuvo que Ecuador era un país pacífico, pero bajo la superficie se gestaba un colapso carcelario que terminó estallando en una guerra entre bandas sin precedentes, extendida desde las cárceles hacia las calles.

El caso brasileño también merece atención. Una de las principales organizaciones criminales del continente, el Primer Comando de la Capital (PCC), surgió como un intento de organización de los presos frente al Estado. En 2012 ya contaba con cerca de 30.000 miembros y hoy controla territorios en las favelas, coordinando sus negocios ilícitos principalmente desde las cárceles. Dicho en simple: lo que ocurre tras los muros de una cárcel termina reproduciéndose en las calles.

Como vemos, muchas de las bandas más poderosas de América Latina -como el Tren de Aragua o el Comando Vermelho (CV)- surgieron precisamente al interior de recintos penitenciarios. Las cárceles han funcionado históricamente como espacios de articulación criminal, donde en ocasiones el Estado ha cedido el control a cambio de una relativa paz. Allí se recluta, se reorganizan las estructuras en tiempos de crisis, y los líderes gozan de privilegios impensados para un espacio que muchos suponen destinado a la rehabilitación y al castigo.

En Chile, el debate sobre las cárceles ha tomado relevancia en los últimos meses. Los candidatos presidenciales han planteado propuestas, pero varias parecen ser superficiales y poco realistas. La expulsión expedita de presos extranjeros (¿a dónde pretenden mandarlos y quién está dispuesto a recibirlos?), el control total del Estado sobre las cárceles (¿cómo planean hacer algo así?) o los “barcos cárcel” flotantes (si no se construyen en la tierra, menos se hará en el mar).

Algunos proponen crear más cárceles. Claro que eso es necesario. Sin embargo, el hacinamiento es un problema actual y construir más cárceles requiere tiempo del que no disponemos en demasía.

Por lo demás, la crisis de seguridad implica más cosas que encerrar a todos los delincuentes en las cárceles o endurecer las penas por algunos delitos. Estas medidas no consideran lo que decíamos anteriormente: las cárceles pueden ser espacios de rearticulación y con el sistema en las condiciones actuales es difícil que el ingreso de más presos no genere espacios de “contaminación delictual” entre reos chilenos y extranjeros que agraven los enormes problemas que ya tenemos. 

Casi todos los candidatos coinciden en que es fundamental mejorar la seguridad y la capacidad de los recintos penitenciarios. Sin embargo, la experiencia demuestra que la seguridad no siempre está en manos del Estado y que el hacinamiento es un asunto que se arrastra desde hace demasiado tiempo. ¿Por qué sus medidas ahora sí lograrían resolverlo? En otras palabras, el diagnóstico de los problemas parece ser el adecuado, pero las medidas concretas no tienen demasiada justificación.

Para abordar las dificultades de las cárceles parece fundamental comenzar preguntándonos qué esperamos de ellas. ¿Queremos que sean un espacio de rehabilitación? Si es así, ¿de qué modo encaramos esa arista? También es importante reflexionar sobre otros aspectos estructurales que también afectan al entramado penitenciario, como el funcionamiento del sistema procesal penal, el rol de los jueces, las enormes dificultades de Gendarmería y el papel que cumple hoy la prisión preventiva, entre otros. Es fundamental preguntarse también por la juventud y los nuevos modelos que se le ofrecen, donde la narcocultura aparece como opción y la cárcel surge como un paso más en el camino delictivo.

Aunque el asunto es muy difícil de resolver, los acuerdos en materia carcelaria debieran confluir en propuestas robustas, en un horizonte que ofrecer, para poder hacernos cargo de una realidad donde los nudos son muchos y la urgencia apremia.