Ha durado tanto que, por momentos, se ha asumido como un dato de la causa: que se podía estar eternamente en este loop de partidos con 2 o 3% de apoyo; con la confianza en las instituciones por los suelos; con un sistema judicial cuestionado; con élites progresivamente desconectadas. Y que no pasaría nada.

El correlato es más o menos claro: por momentos pareciera que la política les interesa solo a los políticos. Aparecieron los «indiferentes», esos sujetos que describen Aldo Mascareño y Juan Rozas: personas que se relacionan de manera instrumental y transaccional con la política y el Estado. Es el votante que el PDG ha logrado captar, dándole un reconocimiento que ningún otro le ofrecía, y cuya actitud hay que tomar en serio.

Porque no es que la gente haya dejado de tener problemas, sino que ha dejado de esperar que las instituciones se los resuelvan. Empezó a arreglarlos por su cuenta, por fuera del Estado y de los mercados formales. Eso es lo nuevo y es más hondo que el malestar del que tanto hablamos hace algunos años: no es rabia contra el sistema, sino indiferencia. Le dieron la espalda y se pusieron a construir por el lado. «Un futuro tuneado«, así lo ha llamado Juan Pablo Luna, quien ya describió este desmantelamiento del Estado desde abajo: una sociedad que se vuelve postestatal, donde los mercados que prosperan son informales o derechamente ilegales. Conviene volver a mirar esa misma deriva desde sus dos extremos a la vez.

Naya Fácil es el epítome de ese Chile. Quiso un crédito hipotecario y los bancos le dijeron que no: demasiado independiente, demasiado irregular; una creadora de contenido no encaja en las planillas que los operadores financieros saben leer. Así que hizo lo que hace cada vez más gente: rodeó la institución. Pagó la mitad de su penthouse al contado y el resto en cuotas, en acuerdo con el dueño, sin banco de por medio. $1.700 millones de pesos moviéndose fuera del sistema que, supuestamente, rige el crédito en Chile. Y lo revelador es que abajo pasa exactamente lo mismo: ocho de cada diez chilenos que caen en el «gota a gota» —el préstamo ilegal que se cobra día a día, a veces con una aplicación que los vigila— habían sido antes rechazados por la banca formal. El penthouse y el préstamo callejero son casi la misma escena vista desde dos lados de la moneda: cuando la institución no sirve, las personas se las arreglan sin ella.

Algo parecido ocurre con la seguridad, y quizá sea más grave, porque lo que se privatiza ahí es el monopolio de la fuerza. El que puede, la compra: la demanda por seguridad privada se disparó en pocos años y hasta el Estado terminó legalizando las rejas y el cierre de pasajes, es decir, reconociendo que no llega. El que no puede pagar recibe el orden que imponga quien controle el barrio, que muchas veces no es Carabineros. Y cuando el asunto termina en tribunales —en los que apenas un 14% de los chilenos confía— cada vez más gente prefiere resolverlo con sus propias manos antes que esperar a una justicia que sospecha que no es para ella.

Y la lista sigue. Nunca ha habido tantos campamentos desde que hay registro: gente que se hace un techo por fuera del ministerio y del banco, las dos puertas cerradas a la vez. Una operación se financia con una rifa por Instagram. Uno de cada cuatro trabajadores está en la informalidad. Cada uno de esos gestos es una institución a la que alguien renunció.

Es indispensable tomarse el asunto en serio. Lo que reemplaza al Estado no suele ser la libertad ni el ingenio popular, sino un orden más duro e ilegal: la app que te vigila la deuda, el jefe del barrio que cobra peaje, el narco, la turba que hace justicia en la vereda. Cuando quien puede se blinda y quien no puede queda a merced del más fuerte, eso no es una comunidad que florece.

Porque el Estado no ha desaparecido. Sigue ahí, cobrando impuestos e inaugurando estatuas. Lo que está dejando de ser es el lugar donde se resuelven las cosas: una institucionalidad todavía en pie, pero de la que, de a poco, se aprende a prescindir, arriba y abajo. La pregunta ya no es solo cómo hacer que la gente vuelva a confiar en ella, sino en qué termina un país que comienza a caminar por esa senda.

Enfrentar este nuevo paradigma implica un trabajo arduo y no el que estamos acostumbrados a proponer. Ya no basta con las agendas de modernización del Estado; el trabajo es previo. Consiste en revisar si las premisas con las que lo miramos siguen siendo adecuadas. Nos convencimos de que la noción weberiana —el Estado como monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio— describía bien la realidad. ¿Lo hace todavía? Cada vez es más evidente que no: hay demasiadas zonas donde el Estado no manda, demasiados mercados que no regula, demasiadas personas a las que ni siquiera registra. Quizás el primer paso sea el que sugería Migdal: dejar de confundir la imagen del Estado —esa entidad coherente y soberana que decimos tener— con sus prácticas cotidianas, que son otra cosa. Mirar lo segundo, y no lo primero, es empezar a ver el Estado que de verdad tenemos.