Hace algunos días, Ciper reveló parte de la evidencia con la que cuenta la fiscalía para atribuir el homicidio del exteniente Ronald Ojeda a la dictadura venezolana. Con esta información a su disposición, impacta la pasividad del Presidente Boric -y de la opinión pública, en general- frente al hecho de que el Partido Comunista, fiel aliado del régimen chavista, ocupe cargos relevantes en áreas tan delicadas como defensa bajo la actual administración.

El PC nunca ha mostrado una posición clara sobre el caso de Ojeda. Tampoco ha admitido los evidentes vínculos que existen entre el régimen de Maduro y varias organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua, y que han sido documentados en muchas investigaciones serias y rigurosas (Rísquez 2023; Dalby 2025; Pérez Guadalupe 2025). El fuerte respaldo de Lautaro Carmona a Nicolás Maduro en estos días, el homenaje organizado por el PC en la Universidad de Chile a los 32 cubanos muertos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y la defensa a la revolución cubana en su aniversario número 67 solo refuerzan lo que es evidente: el comunismo chileno sigue siendo un fuerte aliado de la dictadura chavista, la misma que lleva décadas violando el derecho internacional (¿ahora importa?) y los derechos humanos. 

Lo más grave es que todo parece indicar que un refugiado fue asesinado en suelo chileno por agentes extranjeros, y el comunismo chileno, partido que está en La Moneda, insiste en defender a la dictadura que lo habría asesinado, en brindarle homenajes y en exigir el pronto retorno del dictador a Venezuela, privilegiando sus intereses ideológicos sobre los intereses nacionales. Un partido del oficialismo, con cargos importantes en el gobierno y una candidata presidencial que llegó a segunda vuelta, prefiere hacer oídos sordos ante una probable violación flagrante de la soberanía con tal de mantener su amistad con sus aliados ideológicos.

El Presidente Boric es muy crítico con Estados Unidos, pero gobierna con un partido que lleva décadas defendiendo atentados incomprensibles a la democracia y a los derechos humanos, que incluso incluyen a Corea del Norte. Así, con el asesinato de Ronald Ojeda, las preguntas al PC dejan de ser retóricas. ¿Es posible gobernar con un partido aliado de un régimen que ha ocupado al Tren de Aragua, una de las amenazas criminales más importantes de Chile, para cometer atentados en nuestro propio país? ¿Por qué el Partido Comunista no ha adoptado una posición clara ante el brutal asesinato de Ronald Ojeda? ¿Qué debiera exigir la política si el PC desconociera un fallo judicial que acreditara la participación del régimen en el caso del exmilitar venezolano?

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la amenaza que representa la ultraderecha para el país. Poco se habla, en cambio, de lo que significa el extremo izquierdo de nuestro arco político, cuya defensa de las dictaduras más crueles se extiende a lo largo de la historia hasta el presente. Hoy, eso incluye la defensa de una tiranía que promovería actos criminales en nuestro propio territorio. Basta observar lo de Ojeda para preguntarse cuál habría sido la influencia de China, Irán, Cuba y la misma Venezuela en otros asuntos internos si la candidata comunista Jeannette Jara hubiera ganado la presidencia.

Cuando el PC era minoría -a la Eduardo Artés-, causaba gracia que rindieran sentidas condolencias a Kim Jong-il con motivo de su muerte. Cuando forman parte de un gobierno y ocupan cargos relevantes en lugares sensibles del Estado, no es anecdótico que sean aliados de las dictaduras que habrían cometido atentados en Chile.

El Presidente Boric debiese exigir, al menos, que el PC se cuadre con la tesis de la fiscalía, compartida también por él: que el régimen de Maduro está vinculado al asesinato de Ojeda. Pero estamos muy lejos de eso. ¿Dónde está el límite? Al parecer, el PC puede hacer lo que quiera sin pagar demasiados costos.