La aparente sintonía del oficialismo con el gobierno de Nayib Bukele es cada vez más visible. El senador Arturo Squella señaló hace unos días en X que «los comentarios sobre El Salvador son elocuentes. Con tono de burla reprochan las medidas que le salvaron la vida a millones, y sostienen que el marco legal de hoy es suficiente en nuestro país». Por su parte, el ministro Arrau, en Tolerancia Cero, dijo: «No es que defienda la política del Presidente Bukele y sus cárceles, pero si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá». La estética y el despliegue mediático del Plan Cancerbero también tienen guiños al estilo efectista que suele acompañar las medidas adoptadas por el gobernante salvadoreño.

Estar cerca de Bukele genera réditos políticos. Es un Presidente con amplio respaldo popular en Chile que parece haber resuelto una situación terrible. Pero hay dos cosas que llaman la atención. Por un lado, la situación de El Salvador es diametralmente distinta a la de Chile. Ya sea que consideremos la inestabilidad del Estado salvadoreño en los últimos cincuenta años o el tipo de criminalidad que existe allí, todo es muy diferente, lo que dificulta la comparación. Por otro lado, es difícil comprender cómo un gobierno que defiende las «ideas de la libertad» ha sido tan indulgente en su análisis de El Salvador, obviando que miles de personas siguen detenidas sin condena; que se han documentado cientos de muertes bajo custodia del Estado; que hay reos sin condena enterrados en secreto en fosas comunes y que, solo en 2025, más de medio centenar de periodistas salvadoreños partió al exilio.

Diversas investigaciones demuestran desde hace años que Bukele está lejos de ser quien dice ser. «Porque de la pandilla era obligación mandar a decir: le vas a decir a tu mamá, le vas a decir a tu tío, le vas a decir a tu sobrino, le vas a decir a tu abuela, le vas a decir a tu mujer y a la familia de tu mujer que tienen que votar por Nayib. Si no lo haces, los vamos a matar.» Quien habla es «Liro», miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, en una entrevista que El Faro publicó el año pasado, hecha por los periodistas salvadoreños Carlos Martínez y Óscar Martínez, ambos en el exilio. Junto a Liro habló Carlos Cartagena, «Charli de la IVU», jefe de esa misma facción.

Según el relato de ambos, la pandilla movilizó votos para Bukele en su campaña a la alcaldía de San Salvador y en la presidencial de 2019, a cambio de dinero —Cartagena menciona 250 mil dólares repartidos entre las pandillas— y de favores dentro de las cárceles. «Nosotros manejábamos urnas», dice Liro; «la gente que estaba en las urnas era gente que nosotros habíamos puesto». Cartagena lo resume sin rodeos: Bukele le debe «en un 80%» haber llegado a la presidencia en 2019. Es imposible entender su ascenso al poder sin esa complicidad.

Ya en el gobierno, el pacto continuó y permitió una caída sostenida de los homicidios. El encargado de los contactos con las pandillas era Carlos Marroquín, hoy director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador. Liro resume una de las fórmulas que se acordaron con él: «si se hace algo, sin cuerpo no hay delito». Es decir, esconder el cadáver: sin cuerpo, la muerte no entra en las estadísticas como homicidio sino como desaparición.

El acuerdo entre Bukele y las pandillas se rompió en marzo de 2022, cuando la organización criminal MS-13 asesinó a 87 personas —62 de ellas en un solo día— y Bukele decretó el estado de excepción que sigue vigente hasta hoy. Mientras ocurrían los asesinatos, según audios que El Faro publicó semanas después, Marroquín conversaba por teléfono con un líder de la MS-13: «Si en algún momento Dios lo permite o lo requiere, ahí voy a estar para entrarle de nuevo. Pero por el momento, así como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado [el pacto entre Bukele y las pandillas] y allá adentro están torturando a la gente, están sufriendo, los están humillando, los están tratando como animales». Hablaba de las cárceles de su propio gobierno.

Se podría replicar que, a pesar de todo, los homicidios siguieron disminuyendo durante cuatro años más tras la ruptura del pacto. La caída es real y ningún ajuste estadístico convierte los más de cinco mil homicidios de 2016 en los ochenta y dos de 2025. Pero el problema no es el resultado, sino la pregunta ineludible por su causa y el proceso involucrado: ¿a qué se debe la reducción de la criminalidad en ese país dadas estas evidencias? Por lo demás, el descenso no comenzó con Bukele, pues la curva venía cayendo desde 2016; continuó durante los años en que, según los propios pandilleros, el gobierno les pagaba por sostenerlo; y siguió después bajo el régimen de excepción. Así, existen tres explicaciones superpuestas, y en El Salvador no queda institución alguna capaz de distinguirlas y resolverlo: sin corte constitucional independiente, sin fiscalía autónoma, con acceso restringido a la información pública y con la prensa que investigó el pacto escribiendo desde el exilio. De tal modo, adherir hoy al modelo salvadoreño no supone avalar una política pública evaluada en todo su mérito, sino básicamente confiar en la palabra de Bukele, o bien, hacer oídos sordos al hecho de que sus méritos parecen descansar en algo inconfesable.

Volvamos a Chile. El punto no es establecer si es bueno o malo que las personas admiren a Bukele, sino que sus representantes elijan ese modelo como referente. De todos los ejemplos disponibles, dirigentes relevantes de La Moneda parecen haber escogido el menos comprobable, el más oscuro y el más problemático: no es posible explicar la existencia de este líder, supuestamente enemigo del delito, sin las pandillas. Por lo mismo, esa referencia escogida también sugiere improvisación, liviandad y escaso trabajo político con quienes, dentro de su propia coalición, tienen un juicio técnico riguroso en materia de seguridad. Después de todo, El Salvador está lejos de ser una opción a considerar.